La oposición nicaragüense urgió ayer miércoles al presidente Daniel Ortega a reanudar el diálogo para buscar una salida pacífica a la crisis que vive el país y convocó a nuevas protestas para exigir la liberación de los “presos políticos”.
“Demandamos que se den pasos coordinados en la mesa de diálogo para propiciar el cese del clima de confrontación”, la “liberación de todos los presos políticos e información sobre las personas que figuran como desaparecidos”, pidió la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en un comunicado leído en rueda de prensa por el líder empresarial José Aguerri.
El diálogo, iniciado el 16 de mayo, se encuentra paralizado desde mediados de junio debido a la represión contra las protestas y la negativa del Gobierno a abordar la democratización del país, que incluye la propuesta de adelantar las elecciones de 2021 a 2019.
Ortega ha rechazado en varias ocasiones anticipar su salida del poder, que ostenta desde 2007 y concluye en enero de 2022, por considerar que generaría una anarquía.
Aguerri manifestó que insistirán en la convocatoria a elecciones anticipadas como solución a la crisis desatada por las protestas que dejan 317 muertos, aunque el Gobierno solo reconoce 197.
La Alianza, que integran grupos de la sociedad civil, como empresarios, estudiantes, grupos de derechos humanos y campesinos, estimó urgente que el Gobierno desarme a las fuerzas paramilitares creadas para reprimir las protestas.
El grupo pidió además cesar todas las formas de represión como la criminalización de las protestas, las tomas de tierras de empresarios privados, así como la intimidación contra opositores, obispos, medios de comunicación y defensores de derechos humanos.
La Alianza anunció que el sábado iniciarán una nueva jornada de protestas en la capital para exigir la liberación de más de 135 presos políticos que han sido acusados de “terrorismo” por participar en las protestas.
El domingo, la oposición prevé realizar en la capital una carrera a pie y bicicleta y el 15 de agosto una gran marcha de protesta en apoyo a dos dirigentes opositores que ese día serán enjuiciados por terrorismo. Se trata de los dirigentes campesinos Medardo Mairena, delegado opositor en el diálogo, y Pedro Mena, ambos capturados el 12 de julio bajo cargos de ordenar un ataque que causó la muerte de cuatro policías y un civil en el pueblo de Morrito (sureste).