Las autoridades electorales venezolanas ordenaron a los partidos emprender en los próximos dos meses un proceso de renovación para garantizar su vigencia, mecanismo que rechazó la coalición opositora, que acusó al Gobierno de buscar deslegitimar a las organizaciones políticas.
Las tensiones se crisparon en Venezuela luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la noche del martes un plan de renovación de las nóminas de militantes de los partidos, que se abrirá a partir del sábado 18 de febrero y se extenderá hasta abril.
El secretario ejecutivo de la coalición, Jesús Torrealba, dijo que el mecanismo fue diseñado de tal manera para que nadie pueda cumplirlo y que con ello se busca deslegitimar a los partidos de la oposición y aliados al oficialismo.
Torrealba señaló a The Associated Press que el Gobierno se encamina a establecer en Venezuela un “autoritarismo puro y duro”, con una estructura de elecciones en las que “los únicos que compitan son ellos”.
El dirigente indicó que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) activó los mecanismos internacionales para denunciar la situación ante las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Unión de Naciones Sudamericanas, el Vaticano, el Departamento de Estado de Estados Unidos y las delegaciones diplomáticas.
El proceso aprobado por el CNE, que es señalado de estar controlado por el oficialismo, aplicará para 59 organizaciones políticas, en su mayoría opositoras, que no compitieron en los dos últimos procesos electorales o no alcanzaron una votación equivalente al 1% de los sufragios en esos comicios.
La normativa establece que los militantes de los partidos deberán validar su identidad en 390 máquinas capta huellas que habilitará el organismo en varios estados del país durante los fines de semana hasta el 23 de abril, que es cuando termina el proceso.
Uno de los cinco directores del CNE vinculado a la oposición, Luis Emilio Rondón, afirmó que la normativa le “obstaculiza” a los partidos la posibilidad de alcanzar el porcentaje de militantes exigidos por ley en al menos 12 estados, situación que pone en riesgo su vigencia como organizaciones políticas.
“Con esta decisión, el CNE dificulta el derecho a la asociación política, lo cual es sumamente grave”, dijo Rondón en un mensaje de su cuenta de Twitter.
El oficialismo y sus partidos aliados hasta el momento no han ofrecido comentarios sobre la nueva normativa del CNE.
Venezuela está sumida en una compleja crisis económica dominada por una desbordada inflación de tres dígitos, severos problemas de desabastecimiento de alimentos, medicinas y otros bienes básicos, y una recesión económica.
La difícil situación económica ha generado un fuerte deterioro de las condiciones de vida de los venezolanos y un creciente descontento que ha afectado la popularidad del presidente Nicolás Maduro, que ronda el 19% según un reciente estudio de la encuestadora local Datanálisis.
PIDEN APOYO
Entre tanto, tres diputados opositores venezolanos iniciaron ayer una visita de tres días a la capital estadounidenses durante la cual esperan actualizar al gobierno del presidente Donald Trump sobre la crisis política y económica que padece la nación sudamericana.
El diputado Freddy Guevara, cabeza de la delegación, dijo a The Associated Press que durante sus reuniones planteará generar una estrategia de sanciones a funcionarios venezolanos corruptos o violadores de derechos humanos que “facilite una transición a la democracia”, pero “sin que se sientan acorralados y se atornillen definitivamente en el poder”.
El gobierno del expresidente Barack Obama sancionó a siete funcionarios, pese a que congresistas de ambos partidos le insistieron para que aumentara la cantidad de sancionados.
Guevara agregó que otra meta del viaje será plantear la necesidad de darle un nuevo enfoque al diálogo entre la oposición y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. “No es retomar el diálogo como tal, sino que tiene que ser un proceso de negociación distinto, aprendiendo de los errores cometidos”, indicó refiriéndose a una mediación del Vaticano apoyada por Estados Unidos y Mercosur que no ha arrojado resultado alguno tras casi un año de su instalación. Guevara dijo que además de reunirse con congresistas, planean conversar con el subsecretario de Estado Tom Shannon y con funcionarios del gobierno de Trump a los que rehusó identificar.
Piden sancionar a Venezuela
Un grupo de 34 legisladores de los dos principales partidos de Estados Unidos envió una carta al presidente Donald Trump instándolo a aumentar la presión sobre el Gobierno de Venezuela sancionando de inmediato a funcionarios responsables de corrupción y abusos de derechos humanos, según pudo saber The Associated Press (AP).
La carta estuvo motivada en parte por una investigación de AP, a la que cita, que destapó corrupción en la importación de alimentos a Venezuela. La misiva solicita además una investigación exhaustiva sobre el supuesto tráfico de drogas y el presunto apoyo del nuevo vicepresidente del país, Tareck El Aissami, a grupos terroristas de Oriente Medio. El Aissami está en el radar de las fuerzas de seguridad estadounidenses desde su etapa como ministro del Interior hace casi una década, y ha estado vinculado a sobornos pagados a funcionarios por el principal narcotraficante condenado del país. El responsable ha negado delito alguno.
Las relaciones entre Estados Unidos y su crítico más acérrimo en Latinoamérica han sido tensas durante años — los dos países no intercambian embajadores desde 2010. Y a instancias del Congreso, el expresidente Barack Obama sancionó a varios funcionarios venezolanos por la represión a opositores o ayudar a introducir cocaína en Estados Unidos.
Pero Trump mencionó al país solo de pasada durante la campaña presidencial. Y las declaraciones del secretario de Estado, Rex Tillerson, durante su confirmación dieron pocas pistas de si se alejará de la relativa moderación del gobierno de Obama y hará un llamado al diálogo entre el presidente socialista Nicolás Maduro y la oposición. Venezuela está sumida en un bloqueo político incluso cuando su economía se desmorona.