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Una orden emitida ayer por la Fiscalía Cuarta Anticorrupción, a cargo de Ruth Morcillo, ordenó la conducción del empresario Carlos Caneto Araúz para rendir declaración, dentro de la investigación de contratos para la adquisición, con sobrecostos, de bolsas de comida a través del Programa de Ayuda Nacional.
Fuentes del Ministerio Público confirmaron que Araúz deberá comparecer ante ese despacho, luego de que un testigo protegido señalara que este fue beneficiado con contratos por el orden de los 20 millones de dólares.
La Fiscalía Cuarta Anticorrupción ordenó la conducción del empresario coclesano Carlos Araúz, como parte de la investigación que adelanta por la compra supuestamente irregular de bolsas de comida a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN), que luego fueron entregadas a diputados oficialistas durante la campaña electoral de 2014.
Una fuente judicial confirmó que la fiscal cuarta Anticorrupción, Ruth Morcillo, expidió la tarde de ayer una orden de conducción para que Araúz sea llevado ante ese despacho, a fin de que rinda declaración.
Araúz fue mencionado por un testigo protegido de la Fiscalía como uno de los empresarios beneficiados con los contratos para la compra de bolsas de comida con supuesto sobreprecio.
Según las investigaciones, Araúz habría recibido contratos por unos $20 millones para la adquisición de bolsas de comida y otros artículos a través de empresas de su propiedad en las que aparecen varios de sus empleados como representantes.
En este mismo expediente, la Fiscalía ordenó ampliar la declaración indagatoria del también empresario coclesano Juan Carlos Marciaga, señalado por el testigo protegido como uno de los beneficiarios de los contratos otorgados por el PAN.
La información fue confirmada por su abogada, Hilda Bonilla, quien la tarde de ayer acudió a la Dirección de Investigación Judicial para hablar con su cliente.
Bonilla reiteró que Marciaga no tenía impedimento de salida del país y no había sido requerido por ninguna citación.
GUARDIA JAÉN ACUDE A FISCALÍA
En tanto, la Fiscalía Segunda Anticorrupción amplió ayer la declaración indagatoria al exdirector del PAN Rafael Guardia Jaén en el caso de los alquileres de helicópteros en el gobierno pasado.
La fiscal Vielka Broce preguntó a Guardia Jaén sobre cómo se hacían las adjudicaciones a las empresas Love Aviation Inc., Cabin Corp., Heli Fly Cht Panamá S.A., y Aviones y Partes.com Panamá S.A.
Guardia Jaén reiteró que a su despacho llegaban los documentos por parte de los exministros de Salud Javier Díaz, de Desarrollo Social Guillermo Ferrufino y de Desarrollo Agropecuario Óscar Osorio, para el alquiler de las aeronaves.
Cada solicitud era enviada con el dinero que iban a gastar y con las tres cotizaciones para el alquiler de los helicópteros, cuyo costo oscilaba en $3 mil la hora, pese a que el precio promedio en el mercado local es de $1,800 por hora.
Como parte de este proceso, la Fiscalía acusó a Guardia Jaén por el delito de corrupción de servidores públicos.
Ayer fue el segundo día en que Guardia Jaén rindió sus descargos por este caso. La primera vez fue el pasado jueves 12 de febrero.
Víctor Orobio, abogado del exdirector del PAN, confirmó que su cliente tendrá que asistir el próximo lunes 23 de febrero ante la Fiscalía Segunda Anticorrupción, para rendir declaración indagatoria por el proceso relacionado con supuestas irregularidades en el otorgamiento de contratos para la compra de materiales de construcción destinados al Programa Piso y Techo del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.
Orobio detalló que, aunque las pesquisas apuntan hacia supuestas transacciones con sobreprecios, la Fiscalía también busca precisar si los empresarios contratados para las obras cumplieron con estas.