Un juez dispuso una orden de prisión ayer en contra de un periodista y de un exasambleísta acusados de divulgar datos reservados de altas autoridades, incluso del presidente Rafael Correa.
La orden del juez Jorge Blum afecta al periodista Fernando Villavicencio y al exasambleísta Cléver Jiménez, opositor al Gobierno, señalados por el fiscal general Galo Chiriboga de difundir informes reservados hace tres años. Tienen un plazo de 72 horas para apelar.
Según la acusación, los informes confidenciales obtenidos de manera irregular pertenecían al procurador general del Estado, al presidente Correa, y al secretario jurídico de la presidencia.
La Fiscalía además presentó desde la noche del pasado jueves, 33 elementos que a su juicio podrían probar los supuestos delitos cometidos, informó ayer el diario ecuatoriano El Universo.
Ramiro García, abogado de Villavicencio, hizo una comparación entre los casos de su defendido y del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a quien el Gobierno presta asilo en la Embajada de Ecuador en Londres.
“La divulgación de mails con temas de interés público está dentro de la esfera de la libertad de expresión y comunicación para el caso de Julian Assange (...), sin embargo, cuando se hace lo mismo con mails del Gobierno [ecuatoriano], es un delito”, dijo el abogado para señalar una presunta contradicción.
Desde junio de 2012, Assange está refugiado en la embajada ecuatoriana para evitar su extradición a Suecia. Assange divulgó miles de documentos secretos del Departamento de Estado de Estados Unidos, a donde teme ser extraditado y procesado.
El periodista Villavicencio con frecuencia presenta investigaciones en un portal de internet acerca de casos de corrupción en organismos del Estado.
A raíz de sus denuncias, hace un mes huyeron del país el exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja y al menos otros 10 altos funcionarios, quienes escaparon antes de que se dictara una medida judicial en su contra. En el caso, fue detenido Alex Bravo, exgerente de la estatal Petroecuador.
Villavicencio y el exasambleísta ya tienen una condena a 18 meses de prisión en otro juicio, acusados de injurias contra el presidente Correa. La sentencia está en suspenso. Además deben pagar una sanción por 145 mil dólares en total, no cumplida aún por los acusados en este caso particular.