Luisa Ortega, la fiscal general de Venezuela destituida por el régimen y refugiada en Colombia, pidió ayer a la Corte Penal Internacional (CPI) abrir una investigación sobre la muerte del expolicía rebelde Óscar Pérez y seis de sus colaboradores durante un operativo a las afueras de Caracas en 2018.
“Lo que estoy pidiendo es que inicie la investigación la fiscal de la corte penal, por violación de los derechos humanos en Venezuela, por crímenes de lesa humanidad”, señaló Ortega.
Aseguró que enviará un expediente “con pruebas” que apuntan a que la muerte de Pérez y sus aliados fue una ejecución extrajudicial, y pide que se investigue a Nicolás Maduro.
Ortega, que apoyó al chavismo hasta junio de 2017, cuando denunció que se había roto el orden constitucional, huyó de Venezuela en agosto del mismo año tras ser removida de su cargo por la Asamblea Nacional Constituyente, un ente con poderes absolutos, cuya conformación fue desconocida dentro y fuera del país por estar integrada solo por oficialistas electos en un proceso calificado como inconstitucional.
La exfiscal publicó el pasado jueves en Twitter dos fotografías, según ella, del cadáver de Pérez, que se ve agujereado por impactos de bala. Ayer afirmó que el expediente está compuesto por 300 fotografías del ataque en el que murió Pérez.
En las imágenes “aparecen las fotos de cadáveres sin armas y después con armas”, lo que demostraría que “alteraron” la escena del suceso, agregó. Además, señaló que los cuerpos muestran “disparos en las palmas”, lo que en su concepto evidencia que se rindieron antes de ser abatidos. También asegura tener en su posesión los testimonios de funcionarios que participaron en el ataque y las actas policiales del día.
Expiloto, expolicía y actor, Pérez se dio a conocer en junio de 2017, cuando, en el marco de protestas contra Maduro, lanzó una granada desde un helicóptero sobre el Tribunal Supremo de Justicia. El atentado no dejó víctimas. Luego pasó a la clandestinidad.
En diciembre de 2017, un comando dirigido por él amordazó a miembros de la Guardia Nacional y robó armas de guerra. El 15 de enero de 2018 fue abatido en un operativo del régimen.