VIVIENDA. La Alcaldía de Panamá tiene 33 órdenes de demolición para obras construidas ilegalmente en el distrito de Panamá. El precedente que se establece con la demolición de los cuartos y estructuras ilegales del PH Crystal, finalmente abre un horizonte esperanzador para los ciudadanos de esta comuna. Desde rascacielos que violan las normas de construcción, edificios en el Casco Antiguo que incumplen los criterios de conservación del patrimonio cultural y casas frente al mar que invaden el espacio público, los ciudadanos hemos sido agredidos por la voracidad y el juega vivo inmobiliario.
Para que las acciones emprendidas por el alcalde José I. Blandón no sean una llamarada de capullo, es esencial acompañarlas de una reforma institucional del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, la Autoridad de Turismo de Panamá y de la Oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos de Panamá. La era de la multa irrisoria que da paso a la construcción impune debe terminar. No es posible que una pequeña multa sirva de permiso para incumplir la ley, y castigar a los vecinos y habitantes de la ciudad.
Una reforma esencial sería la creación de un tribunal administrativo de lo ambiental y urbanístico, que permitiera de forma fácil y rápida controlar la acción o inacción de las múltiples entidades del Gobierno Nacional y local, que tienen que ver con el asunto.
En el derecho ambiental se estableció un principio de que “el que contamina, paga”. Ese tipo de pensamiento nos ha llevado a un mundo envenenado e insalubre. “El que contamina, limpia” debe ser el norte, en este caso: “El que construye mal tiene que demoler”.