La deuda millonaria de la Caja de Seguro Social (CSS) con IBT Medical Outsourcing Services mantiene en alerta a los pacientes con insuficiencia renal crónica.
Este consorcio, conformado por las empresas IBT y Promed, es responsable de dar tratamiento de diálisis a los mil 200 pacientes con insuficiencia renal que se atienden en la entidad.
Sin embargo, la principal inquietud de la Asociación de Pacientes con Insuficiencia Renal Crónica (Anpircf) es que se suspenda el tratamiento a sus integrantes por el atraso en los pagos.
El presidente de la agrupación, Alexander Pineda, expresó que hace más de un mes conocieron de esta situación, en la que la CSS adeuda unos $14 millones por el proyecto de hemodiálisis.
Por ello, el pasado 14 de julio la junta directiva de Anpircf solicitó vía correo electrónico a Guillermo Sáez-Llorens, director de la CSS, una explicación del tema para evitar problemas futuros con su atención.
Pineda destacó que a la fecha no han recibido respuesta de Sáez-Llorens ni de ninguna otra autoridad de la institución, “a pesar del riesgo en el que se coloca a los pacientes”.
Los afectados ya se reunieron con representantes del consorcio para conocer la situación. “Existen serios atrasos”, afirmó Pineda.
El proyecto de hemodiálisis fue adjudicado en 2012 por $126.3 millones y establece que las empresas tienen el manejo completo de los pacientes que requieren de diálisis hasta 2016.
El contrato estipula la construcción de 13 salas de hemodiálisis, la instalación de 311 máquinas de diálisis o riñones artificiales y la entrega de insumos para el tratamiento.
Lo que se buscaba, según autoridades de la CSS, era mejorar el servicio a los asegurados que necesitan conectarse a un riñón artificial, pero a un menor costo.
En ese sentido, un paciente de insuficiencia renal le costaba a esa entidad $2 mil 249 al mes. Con la externalización del servicio, debía bajar a $1,739.
De acuerdo con el pacto, el compromiso de la CSS era pagar por mes al consorcio, tanto por la construcción de las infraestructuras como por el suministro de insumos.
DUDAS POR PROGRAMA
Julio Osorio, dirigente y excoordinador de la Comisión Médica Negociadora Nacional, manifestó que siempre se han opuesto a la externalización del servicio de hemodiálisis, porque no representaba un ahorro, sino un gasto de $47 millones a la CSS.
Destacó que este servicio era prestado por la entidad y no había necesidad de darlo a una empresa privada.
Además, argumentó, viola el artículo 70 de la Ley 51 orgánica de la CSS.
Esta norma establece lo siguiente: “Queda explícitamente prohibida la adquisición de aquellos servicios que la Caja de Seguro Social se provee a sí misma y a los asegurados de manera normal, salvo en los casos en que la institución se encuentre temporalmente imposibilitada. En esta última circunstancia, las autoridades de la Caja de Seguro Social estarán obligadas a acelerar los procesos que permitan eliminar lo más rápidamente posible la adquisición externa de dichos servicios”.
Por otra parte, Osorio aclaró que con la puesta en marcha del programa no hay un ahorro de $90 millones anuales como sostiene lainstitución, ya que se dejaron por fuera varios puntos como salarios del personal técnico, especializado y de aseo de la CSS, ni se se tomó en cuenta el costo de los medicamentos.
“Es una irresponsabilidad administrativa no dejar los fondos necesarios para afrontar compromisos establecidos”, advirtió.
Empresa RESPONDE
Voceros del consorcio IBT Medical Outsourcing Services señalaron que “jamás llevarán acciones que puedan poner en riesgo el tratamiento que reciben los pacientes”.
Indicó que espera se resuelva “lo más pronto posible” la situación administrativa entre la CSS y la Contraloría General de la República, ya que por eso hay atrasos en los pagos.
Pese a estos señalamientos, los pacientes tienen sus dudas y se preguntan ¿hasta cuándo podrán recibir el servicio sin que la institución haga los pagos correspondientes?
Informes oficiales revelan que la tasa de incidencia de insuficiencia renal en la población adulta es del 11%, sin embargo en Panamá empeoró a raíz del envenenamiento masivo por el consumo de medicinas en la CSS durante 2004.
Se envió un cuestionario a las autoridades de la CSS para conocer su versión, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.