El Comité de Familiares de Víctimas por el Derecho a la Salud y la Vida solicitó ayer a las autoridades de salud la reapertura del Centro Especializado de Toxicología, el cual está cerrado desde octubre de 2018 por problemas de fibra de vidrio.
Durante una manifestación en la Presidencia de la República, José Sarmiento, vocero de la organización que representa a los afectados por los medicamentos que fabricó la Caja de Seguro Social con dietilenglicol en 2006, subrayó que esa instalación de salud, ubicada en Santa Ana, brindaba atención expedita a los pacientes.
Un día antes, el Comité de Familiares se había reunido con la ministra de Salud, Rosario Turner, para hacer la misma petición. Además, le entregaron una propuesta a la funcionaria, para que se facilite el acceso a plazas de trabajo a unos 40 jóvenes que fueron afectados por el tóxico, ya que no logran integrarse al mercado laboral por su condición de salud.
“De alguna manera son discriminados y esto no les permite llevar una vida con regularidad”, afirmó.
Turner planteó a los pacientes que en un mes presentará una propuesta de reestructuración de los servicios que reciben los pacientes afectados por el dietilenglicol, para mejorar la atención que se les brinda.
La ministra dijo que su aspiración es que la Clínica de Toxicología esté funcionando prontamente con más de cinco especialistas, para que las personas tengan una intervención más integral, y al mismo tiempo se les garantice el acceso a los medicamentos requeridos.
Uno de los principales compromisos de la actual administración es culminar el proceso de certificación de los pacientes envenenados, ya que alrededor de mil han solicitado que se les incluya en la lista oficial.
Oficialmente, en la lista hay mil 22 personas, las cuales reciben una pensión de $800 por mes.