Desde enero pasado el Ministerio de Ambiente ordenó destruir la plantación de palma aceitera ubicada en Boca de Cupe, a cinco kilómetros del Parque Nacional Darién, y calcular la sanción económica para los responsables, pero nada de esto ocurrió.
Unas 60 hectáreas se utilizaron para este cultivo extensivo en el área de amortiguamiento de dicho parque, en el Bosque Protector Alto Darién, otra área protegida, por lo que su permanencia es un riesgo.
Tras un reportaje de La Prensa –publicado en enero pasado, en el que se reveló la desobediencia de la orden de paralización del ministerio, dada originalmente en 2015, y los planes de los promotores de cultivar 3 mil hectáreas en esa zona de Boca de Cupe– la hoy exministra de Ambiente Mirei Endara solicitó apoyo al Servicio Nacional de Fronteras para detener la actividad, la apertura de un proceso ante el Ministerio Público y además calcular la multa.
“El proceso administrativo sancionatorio aún no ha concluido. Se tomó la medida provisional de suspender la actividad mientras dure la investigación”, indicó la actual administración del ministerio. Si se ordenara la remoción antes de concluir dicha investigación, se infringiría el debido proceso, subrayó.
Para Isaías Ramos, biólogo del Centro de Incidencia Ambiental, el Ministerio de Ambiente debió haber investigado “con mayor prontitud”, porque el transcurrir del tiempo podría ser usado como estrategia a favor de los palmicultores para continuar su actividad. “Se dilatan los procesos y ahora que le quitaron competencia a las [direcciones] regionales [del ministerio] y que el personal técnico en Darién fue removido, ello no ayuda a la continuidad del proceso”.
Por este caso se investiga a la Fundación Panamá Canal de Vida, a la empresa Palmares de Cupe, ambas lideradas por los esposos colombianos Carlos Mantilla y Nancy Acosta; y al pastor evangélico Narciso Arboleda.