Un total de 3.7 millones de dólares costará la defensa legal del Estado panameño en la demanda internacional que interpuso el diputado y candidato presidencial de Costa Rica Antonio Álvarez, quien reclama tierras dentro del tercer humedal de importancia internacional que tiene Panamá.
El Consejo de Gabinete autorizó ayer al Ministerio de Economía y Finanzas a firmar una adenda de 1.9 millones de dólares al contrato con la firma de abogados Hogan Lovells US LLP, a fin de que continúe con la representación del Estado panameño hasta diciembre de 2018.
Se informó que la extensión al contrato, por un total de 3 millones 770 mil dólares, será para “la presentación de documentos y otras pruebas para mantener la defensa de los intereses de Panamá”.
Igualmente, se detalló que Panamá solicitó al ente donde se desarrolla el proceso arbitral una serie de pruebas de campo para fortalecer la posición del país.
Álvarez interpuso una demanda contra el Estado panameño por un monto de 100 millones de dólares, a través de la sociedad Desarrollo Ecoturístico Cañaveral, en reclamo de 4 de 11 fincas adquiridas en procesos de prescripción adquisitiva “fraudulentos”, según establece una resolución Ejecutiva de abril pasado.
El caso también fue investigado por la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), que determinó que dos de las fincas en pleito no están en el humedal Damani Guariviara, de la comarca Ngäbe-Buglé, como plantea en su alegato el político costarricense.
DEFENSA
Para hacer frente al proceso de arbitraje, el presidente Juan Carlos Varela instruyó a la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, para que “inicie, promueva y mantenga” la representación del Estado en los procesos judiciales necesarios.
Lo anterior, “para la defensa de los bienes e intereses estatales y así recuperar el patrimonio” de la Nación que se “lesionó”, señala una resolución Ejecutiva de abril pasado.
Varela solicitó a Porcell que recabara “las pruebas y contrapruebas que sean necesarias” para interponer medidas cautelares que estime necesarias ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), donde se dirime el reclamo de Álvarez.
En la demanda interpuesta por el político se indica que pagó 3.6 millones de dólares a la abogada Evisilda Martínez para la adquisición de los terrenos.
Una investigación de La Prensa, publicada en 2013, reveló que Álvarez firmó un contrato con Martínez antes de que se instauraran procesos de prescripción adquisitiva de las fincas, –fallos que resultaron a favor de los reclamantes– todos ellos representados por la abogada o litigantes vinculados a ella.
“Se ha logrado establecer que los cuatro procesos de prescripción extintiva de dominio de igual número de fincas llevadas a cabo en el juzgado de circuito ramo civil de Bocas del Toro, fueron fraudulentos e ilegales”, recalca la resolución ejecutiva de abril.
Sobre este caso, el exdirector de la Anati Franklin Oduber aseguró a La Prensa semanas atrás que recibió amenazas de muerte por parte de un hombre y una mujer, luego de haber paralizado las segregaciones de tierras y de ordenar la retención de los planos originales de las fincas que exige Álvarez.
Miembros arbitrales de la Ciadi viajarán a Panamá para inspeccionar los terrenos en conflicto en el mes de septiembre próximo.