Un año después de sancionada la Ley 6 de 22 de febrero de 2017, que creó el mecanismo para la prevención de la tortura, este no ha sido puesto en funcionamiento.
La norma pretende prevenir que se generen torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ya sea a través de las actuaciones de los funcionarios o producto de las condiciones de los centros carcelarios y albergues.
Maribel Jaén, de la Comisión de Justicia y Paz, y una de las integrantes del comité que se encargará de escoger al personal de este organismo, dijo que la falta de voluntad y el desconocimiento de esta política pública ha afectado su funcionamiento.
Advirtió que el Estado no se ha encargado de fomentar la importancia de este mecanismo, que es parte de un compromiso adquirido por Panamá con la ratificación del Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura, a través de la Ley 26 de 30 de marzo 2011.
Este protocolo ordena a los Estados la creación de un mecanismo independiente encargado de llevar a cabo inspecciones regulares a los lugares de privación de libertad, tales como centros penitenciarios y centros de custodia y cumplimiento de personas menores de edad.
Jaén contó que en septiembre de 2017 se abrió la convocatoria para elegir al director y subdirector del mecanismo; sin embargo, solo se presentaron tres personas interesadas.
Por su parte, la diputada independiente Ana Matilde Gómez, también miembro de este comité en representación del Órgano Legislativo, indicó que se volverá a hacer la convocatoria.
Según Gómez, en Panamá hay mucho desconocimiento en temas de tortura y se piensa que en el país no se comete este flagelo.
INSTAN AL ESTADO
En agosto del año pasado, el órgano de las Naciones Unidas para la prevención de la tortura instó al Estado panameño poner en funcionamiento este mecanismo a la brevedad posible.
El pedido se realizó al final de la primera visita del Subcomité para la Prevención de la Tortura cuando la delegación presentó sus observaciones preliminares a las autoridades panameñas.
Defensores de derechos humanos en el país, como la psicóloga Celia Moreno y Joyce Araujo, del Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, advirtieron que Panamá está en deuda con la implementación de acuerdos internacionales.
Asimismo, indicaron que cada vez más se abren espacios para actualizar políticas públicas, pero al momento de ponerlos en funcionamiento no hay financiamiento.
Hay que mencionar que, aunque el mecanismo ejercerá sus funciones con independencia y sin interferencia alguna por parte de las autoridades del Estado, su gestión administrativa y financiera la realizará con la participación de la Defensoría del Pueblo.
Otra de las funciones que tiene por ley el programa es hacer observaciones y propuestas acerca de la legislación existente; así como promover y realizar capacitación preventiva para elevar el nivel de la conciencia pública sobre la tortura.