Panamá aún se encuentra en mora con el cumplimiento del fallo, emitido en octubre de 2014 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), sobre el caso de los pueblos indígenas guna de Madungandí y emberá de Bayano y sus miembros.
Una resolución de cumplimiento de sentencia, emitida por la Corte IDH el pasado 23 de mayo y que llegó el 14 de este mes al despacho de la directora de Asesoría Legal de la Cancillería, Farah Urrutia, precisa que el Estado panameño ha cumplido con tres de las cinco condiciones de la sentencia.
En octubre de 2014, la Corte IDH declaró al Estado responsable de la violación del derecho a la propiedad colectiva de estos pueblos indígenas, debido a la falta de delimitación, demarcación y titulación de sus tierras. Asimismo, por la falta de garantías a la comunidad indígena emberá de Piriatí para que pudiera ejercer el goce efectivo de sus tierras, ya que fueron indebidamente adjudicadas a favor de particulares.
La resolución de la Corte IDH plantea que Panamá cumplió con la publicación de la sentencia, la realización de un acto público de reconocimiento y responsabilidad internacional y el pago de indemnizaciones.
No obstante, “mantendrá abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento, a fin de que el Estado cumpla, entre otros, con el punto 13 de la sentencia, que establece que se deben adoptar las medidas necesarias para dejar sin efecto el título de propiedad privada otorgado al señor C.C.M. [Carlos Cortés Melgar] dentro del territorio de la comunidad emberá de Piriatí” y la demarcación de los territorios.
En febrero pasado, la Autoridad Nacional de Administración de Tierras expidió la resolución de revocación de título a Cortés Melgar, e indicó al Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia la demarcación de los territorios, pero esto no se ha hecho.
En ese sentido, la Cancillería dijo a este medio que Cortés Melgar “vendió la totalidad de la finca a un tercero, quien, a su vez, segregó para sí la finca en tres globos de terreno y posteriormente las vendió. El propietario actual de las fincas mantiene un contrato de hipoteca con un banco de la localidad”.
Señaló que la comisión interinstitucional de este caso gestiona la posibilidad de permuta para luego traspasar la tierra a las comunidades indígenas.