El Gobierno de Panamá creará un comité independientes de expertos nacionales e internacionales para que evalúe “nuestras prácticas vigentes y proponga la adopción de medidas que compartiremos con otros países del mundo para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales”, manifestó ayer el presidente Juan Carlos Varela, luego de reunirse con 45 representaciones diplomáticas.
En el mismo acto, el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, comentó que se revisará“la estructura de los servicios financieros panameños”, puesta en entredicho mundialmente tras la publicación de una investigación periodística global que revelaría la creación de entramados por la firma de abogados panameña Mossack Fonseca para supuestas actividades ilícitas.
Por el momento no se ha definido quiénes serán los miembros de este comité, pero De La Guardia apuntó que “serán personas de muy alto perfil a nivel local e internacional”. Los representantes del Gobierno rechazaron las presiones sobre Panamá a través de declaraciones mediáticas y se mostraron dispuestos a negociar con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
El Gobierno de Panamá creará un comité independientes de expertos nacionales e internacionales para que evalúe “nuestras prácticas vigentes y proponga la adopción de medidas que compartiremos con otros países del mundo para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales”, manifestó ayer el presidente Juan Carlos Varela, luego de reunirse con 45 representaciones diplomáticas.
En el mismo acto, el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, comentó que se revisará“la estructura de los servicios financieros panameños”, puesta en entredicho mundialmente tras la publicación de una investigación periodística global que revelaría la creación de entramados por la firma de abogados panameña Mossack Fonseca para supuestas actividades ilícitas.
Por el momento no se ha definido quiénes serán los miembros de este comité, pero De La Guardia apuntó que “serán personas de muy alto perfil a nivel local e internacional”. Los representantes del Gobierno rechazaron las presiones sobre Panamá a través de declaraciones mediáticas y se mostraron dispuestos a negociar con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
El Gobierno de Panamá mostró su disposición a dialogar con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para “alcanzar acuerdos que contribuyan al desarrollo económico de nuestros países”.
El presidente de la República, Juan Carlos Varela, dijo ayer, poco después de reunirse con 45 representantes diplomáticos en Panamá, que solicitó a la canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado que se ponga en contacto con los países miembros del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Fiscal y la OCDE para acercar posiciones.
El ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, explicó en el mismo acto que “Panamá hará todos los esfuerzos por negociar y transparentar su sistema financiero y legal. No hay diferencias insalvables con la OCDE. Es cuestión de sentarse a negociar y buscar puntos en común”.
El pasado lunes, el secretario general de la organización, JoséÁngel Gurría, se refirió en un comunicado a Panamá como “el último gran bastión que continúa permitiendo que los fondos sean escondidos de autoridades fiscales”.
Dijo que a través del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Fiscal se ha advertido sobre los riesgos de países que, como Panamá, no cumplen con los estándares internacionales de transparencia fiscal e instó al país a “poner la casa en orden, implementando inmediatamente estos estándares”.
Esto sucedió luego de hacerse pública una investigación global sobre los entramados de sociedades creados por la firma panameña de abogados Mossack Fonseca para supuestamente cometer actos ilícitos.
Además, el Gobierno francés dijo que volvería a incluir a Panamá en su lista de paraísos fiscales y pidió al resto de países que integran la OCDE que hicieran lo mismo.
Según explicaron a La Prensa fuentes del Centro de Políticas Fiscales y Administración del ente internacional –encargado de promover políticas de transparencia financiera– en estos casos “nunca se toman decisiones de emergencia” promovidas por un solo país.
La organización hará oídos sordos ante las presiones del ministro de Finanzas, Michel Sapin, para reinscribir a Panamá en la lista de territorios no cooperativos en materia fiscal, confirmó la fuente.
Preguntados sobre si iban a tomar en consideración las declaraciones del titular de economía francés, detallaron que no hay ningún movimiento en esta dirección, porque “no es una tarea que compete exclusivamente a la organización. Son decisiones consensuadas entre los 133 países que pertenecen al Foro Global”, agregaron desde la entidad con sede en París.
La opinión de la OCDE no ha cambiado, pero podría hacerlo durante la reunión del G20 en Washington de la semana que viene, que coincide con las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. “Este será el escenario perfecto para hablar de Panamá”, según confirmaron las fuentes.
Ayer, Varela hizo una fuerte defensa de los avances de Panamá en los últimos años para mejorar su sistema legal y financiero. Recordó que desde enero, con una modificación al régimen de acciones al portador, “atendimos la necesidad de dar certeza a la identificación de los propietarios de las acciones de las sociedades anónimas”.
En febrero, el país salió de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional y anteriormente había superado la fase 2 de la revisión paritaria del Foro Global, “con lo cual, la comunidad internacional validó que nuestro marco legal cumple con los estándares internacionales”.
Por su parte, el ministro Alemán dijo que se han hecho múltiples modificaciones con miras a dar más transparencia al sistema legal y financiero. “Estamos abiertos a perfeccionar nuestros instrumentos jurídicos”, apuntó.
Para lograrlo, a través de la Cancillería se creará un comité de expertos para evaluar las prácticas vigentes y la estructura de servicios legales del país.