A pesar de que en 2012 Panamá se sumó a la Alianza de Gobierno Abierto (AGA), el país aún está rezagado en la implementación de este programa, que busca comprometer a los gobernantes a que rindan cuentas, sean más abiertos y mejoren su capacidad de dar respuesta a los ciudadanos, a través de la tecnología.
El pasado gobierno [2009-2014] elaboró el primer plan de acción nacional de gobierno abierto 2013-2014, pero no desarrolló procesos de consulta con la sociedad civil y además omitió aspectos de la iniciativa, como el compromiso de crear comunidades digitales [publicas] más seguras y amigables con los usuarios.
De acuerdo con expertos en la materia, el único logro que tuvo la administración pasada en este aspecto fue el de adherirse a la Alianza para el Gobierno Abierto.
Ahora, el actual gobierno implementa el segundo plan de acción de gobierno abierto 2015-2017, con el que se han desarrollado programas de capacitación para que los funcionarios suministren información digital de una manera fácil y práctica.
Sin embargo, Panamá está en deuda con uno de los principios fundamentales de esta iniciativa –de la que forman parte 65 países del mundo–: la divulgación de los ingresos y activos de las personas que ocupan cargos públicos y políticos, ejercicio que garantiza la transparencia fiscal y la participación ciudadana en el control de la cosa pública. En esto, la opacidad persiste.