Una decisión del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial –que dijo no tener jurisdicción para un proceso en el que un político de Costa Rica reclamaba $80 millones de resarcimiento al Estado panameño– evitó que Panamá fuera condenada.
El excandidato presidencial Antonio Álvarez Desanti –a través de la sociedad Desarrollo Ecoturístico Cañaveral (Decsa)– reclamaba tierras protegidas en la comarca Ngäbe Buglé, pese a que compró fuera de los límites comarcales.
A pesar de que los árbitros del Ciadi detectaron “incumplimientos graves y violaciones” en el proceso de compra de las fincas, el político advirtió que seguirá con acciones legales “contra quien en derecho corresponda”.
“Vamos a continuar ejerciendo todos los recursos a nuestro alcance. Nuestros abogados definirán las acciones a seguir, tanto ante el Ciadi como en Panamá. No renunciaremos a nuestros derechos”, afirmó.
Unos 64 kilómetros separan una de las cuatro fincas –que reclama Decsa– del humedal internacional Damani–Guariviara, en la comarca, la cual el político aspiraba convertir en zona hotelera.
El presidente Juan Carlos Varela dijo a Telemetro Reporta que el político tico “quería titular playas que le pertenecen a la comarca”.
Conflicto de tierras: un costoso pleito
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial (Washington, EU) determinó que el ex candidato presidencial costarricense Antonio Álvarez Desanti –en representación de la sociedad Desarrollo Ecoturístico Cañaveral (Decsa)– incurrió en “incumplimientos graves” contra el orden jurídico panameño, en un fallo que evitó una condena a Panamá.
Álvarez Desanti acudió ante la mencionada instancia para exigirle a Panamá un resarcimiento de $80 millones, en reclamo por reubicar dos de sus fincas (949 y 443).
El tribunal arbitral –en un fallo de mayoría– negó tener jurisdicción para conocer este hecho: “Carece de jurisdicción y el Tribunal de competencia para resolver las demandas planteadas [sic]”, ya que el demandante –en este caso, Álvarez Desanti– habría incurrido en “ilegalidades y violaciones”, no solo al artículo 10 de la Ley Comarcal, sino a la Constitución Política panameña.
Álvarez Desanti pretendía que sus fincas adquiridas en Bocas del Toro fueran ubicadas en el humedal Damani-Guariviara, en la comarca Ngäbe Buglé. Este humedal es el tercero de mayor importancia internacional que tiene Panamá.
La reclamación
El político costarricense compró –entre 2010 y 2011– sus fincas en Bocas del Toro, tras juicios de prescripción adquisitiva, a los esposos Evisilda Martínez y Francisco Castillo, a través de la sociedad Decsa.
Hecho destacable fue que Álvarez Desanti firmó la promesa de compraventa de las fincas antes de que siquiera se instauraran los procesos de prescripción adquisitiva, y de que se obtuvieran los fallos favorables en un juzgado civil en Bocas del Toro. Es decir, el político firmó antes de que se dieran los fallos y sin garantía de que fueran favorables.
Un informe de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) de 2013 resalta que una empresa contratada por la propia Decsa durante el proceso de adquisición de las cuatro fincas advirtió que los límites que les fueron dados para su revisión no coincidían con la realidad. De hecho, la empresa consultora indicó que la ubicación de las fincas que se les habían proporcionado incluían en sus límites “hasta la iglesia del pueblo...”.
El entonces director de Anati, Franklin Oduber, denunció ante los árbitros que, tras la venta de los terrenos a Álvarez Desanti, los linderos de las fincas fueron modificados en el Registro Público por personas ajenas a la entidad, y que los planos para los juicios de prescripción adquisitiva habían sido “alterados”.
Al respecto, Álvarez Desanti admitió tales modificaciones: Eran “correcciones materiales menores que no alteran la ubicación dada por los jueces”, respondió. Y sobre la alteración de los mapas que alegó Oduber, el político tico preguntó por qué el exfuncionario no los anuló cuando lo detectó. ¿Qué valor tiene que lo comente años después?, se quejó.
Gasto millonario
Aunque el fallo del Ciadi no condenó a Panamá, el proceso representó un gasto de $7.2 millones no reembolsables. En el documento se ordena que cada parte “se haga cargo de sus propios gastos de defensa” y de la mitad de los costos de procedimientos, que ascienden a más de un $1 millón.
Además, advierte el tribunal –sin brindar más detalles– que desestima “cualesquiera otras pretensiones” y ordena a Panamá que asuma los costos relacionados a una inspección ocular que se hizo en septiembre de 2017, en Bocas del Toro y en la comarca, para determinar la ubicación de las fincas.
En la inspección de campo efectuada por los árbitros del Ciadi se demostró que los terrenos de Álvarez Desanti se ubican en Chiriquí Grande, en Bocas del Toro, y no en el humedal de la comarca.
Una investigación de La Prensa de 2012 reveló que la abogada Martínez, junto con otros colegas vinculados a ella, inscribieron 11 procesos de prescripciones adquisitivas, todos fallados a favor de ellos en procesos inusualmente rápidos, por el entonces juez civil de Bocas del Toro, Manuel García y su suplente Vilma Bryan.
En la investigación se detectó que los reclamantes de los terrenos eran, a su vez, testigos de otros supuestos poseedores de fincas, intercambiando roles durante todo el proceso.
Pero no fueron los únicos. Los peritos también alternaban: unas veces para el comprador de las tierras y otras para el juzgado, irregularidad que confirmó el Ciadi.
Lo que dijo el tribunal
Aunque Álvarez Desanti tenía conocimiento de los riesgos en la compra de las fincas –aseguraron los árbitros del Ciadi– este confirmó que no ha presentado “ninguna reclamación” judicial contra Martínez, quien fue la que le vendió los terrenos.
“Los demandantes sabían que la inscripción de las fincas comarcales en el Registro Público no era prueba suficiente de su ubicación y que esta solo podía ser determinada con certeza mediante la georreferenciación”, resalta el laudo.
En particular, advierte que “eran sabedores de que las fincas debían ofrecerse en venta previamente a la comarca y de que el precio de venta posterior no podía ser inferior, so pena de incurrir en nulidad de la compraventa”.
Sin embargo, Álvarez Desanti aseguró que no comparte la decisión de los árbitros, ya que las fincas fueron inscritas sin problemas en el Registro Público y que cualquier violación registrada durante el proceso fue antes de que ellos adquirieran las acciones de Decsa.
“Las propiedades siguen a nuestro nombre... por lo que estamos seguros de que aún cuando el Ciadi se declaró sin jurisdicción para conocer el caso, lo harán las instancias internas en Panamá”, indicó.
Para evitar la venta, donación o embargo de las fincas a terceros, la Fiscalía Anticorrupción de Descarga solicitó al Registro Público inscribir un secuestro penal de estas en noviembre de 2016.
La defensa de Panamá alegó ante la Ciadi que la compra de fincas por Decsa no puede beneficiarse de la protección de los tratados y del derecho internacional, “pues han sido adquiridas de manera fraudulenta e ilegal”.
Denunció que los procesos de prescripción “se basaron en derechos posesorios falsos e inexistentes”, en los que Martínez “realizó pagos a testigos para que dieran testimonio falso”.
En su defensa, Álvarez Desanti indicó que, de ser ciertos los incumplimientos, “serían únicamente imputables al juez que dictó las sentencias, a los poseedores que, supuestamente, habrían mentido, y al defensor del propietario ausente, que no habría cumplido con su función de oposición”.
Dudosa compra Terrenos costeros en Bocas del Toro
685 hectáreas aglutinadas en cuatro fincas fueron negociadas a través de un contrato de compraventa entre el político de Costa Rica Antonio Álvarez Desanti y la abogada Evisilda Martínez, a pesar de que esta no era la dueña.
