Luego de que la delegación de Ecuador presentara ayer en Asunción, Paraguay, durante la 44 sesión ordinaria de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), un proyecto de resolución que entre otras medidas coartaba el derecho de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a conseguir fuentes de financiamiento adicionales a las que los Estados parte quisieran darle, los países miembros de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) presentaron un proyecto alternativo al cual se sumaría Panamá.
Así lo expresó a este diario el embajador panameño ante la OEA, Arturo Vallarino. “Hasta el momento, con todos los países que hemos consultado, este proyecto [de Unasur] es aceptable” y las intenciones contenidas en el proyecto presentado por el Ecuador “se han quedado en el vacío”, señaló el diplomático panameño.
Vallarino afirma que los delegados del país suramericano, “decidieron retirar su proyecto” que ya habían intentado hacer valer, sin éxito, en una anterior reunión de la OEA, celebrada en Washington, Estados Unidos, en marzo pasado y se sumarían al proyecto de Unasur, actualmente en discusión por las delegaciones de los Estados parte.
Según Vallarino, un factor clave para el abandono de las pretensiones ecuatorianas fue que los embajadores de algunas naciones, entre las que mencionó a Colombia y a “los países del Caribe”, habrían convencido a la delegación de Ecuador de “que su propuesta no iba a recibir apoyo” suficiente.
El diplomático panameño estima que Ecuador se desenvuelve más cómodamente, integrándose a una propuesta de Unasur, por razones de afinidad regional.
Vallarino también indicó que la propuesta del bloque suramericano tiene un contenido bastante generalizado que no representa un peligro para el estatus actual de la CIDH en cuanto a su autonomía económica y libertad de acción, sin injerencias políticas de ninguno de los Estados miembros de la OEA.
No obstante, el proyecto de resolución preliminar, a ser depurado y aprobado hoy, aparentemente por consenso, abre la vía para que se realicen períodos de sesiones de la CIDH fuera de la sede. Al respecto, Vallarino considera que según el Pacto de San José, carta madre del organismo regional, la CIDH debe estar en la misma sede que la OEA.
El proyecto de Unasur también prevé la posibilidad de crear un fondo único para el fomento de contribuciones voluntarias a sus relatorías especiales.
En actualidad, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión recibe fondos voluntarios de manera directa a través de donaciones privadas y públicas.
Además, la iniciativa establece un plazo final para este tipo de contribuciones. El texto del proyecto de la resolución de Unasur indica que se recibirán “hasta tanto se logre que el pleno financiamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) sea asumido por los Estados miembros”.
En este sentido, el canciller uruguayo, Luis Almagro, señaló que no apoyaría ninguna iniciativa que limite la autonomía de la CIDH.
Por su parte, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, expresó durante la jornada inaugural de la cita hemisférica, el pasado martes, que las iniciativas de reformas a la CIDH deben dejar de lado esfuerzos paralelos “que solo sirven para debilitar uno de los órganos principales de la OEA”.