El Gobierno de Panamá otorgó asilo a dos magistrados del Tribunal Supremo (TSJ) de Venezuela.
Así lo informó ayer el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá a través de un comunicado, en el que detalló que se trata de Gustavo Sosa Izaguirre, magistrado suplente y abogado de la fiscal general venezolana, Luisa Ortega Díaz; y el magistrado suplente de la Sala Político-Administrativa Manuel Antonio Espinoza Melet.
Fuentes de la cancillería confirmaron a este diario que desde hace 10 días aproximadamente tanto Sosa Izaguirre como Espinoza Melet ingresaron a la residencia y misión diplomática de Panamá en Venezuela, solicitando la protección.
Asimismo, indicaron que actualmente Panamá se encuentra tramitando el salvoconducto de ambos funcionarios. “Una vez eso se haga, vienen a territorio panameño”, señaló la cancillería.
“El Gobierno panameño reitera al gobierno del presidente Nicolás Maduro la necesidad de detener las acciones de hecho y negociar una salida política en el marco de la Constitución vigente en Venezuela, y del más estricto respeto de los derechos humanos, para el bienestar de su población", agrega el comunicado.
Por su parte, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, dijo en un acto en la provincia de Herrera que lo correcto es proteger a los funcionarios que en Panamá o en otros países del mundo “luchen por la democracia y la transparencia”.
Un total de 33 nuevos magistrados para el TSJ fueron nombrados el pasado 21 de julio por la Asamblea Nacional venezolana, controlada por la oposición. Sin embargo, el gobierno de Maduro no los reconoce.
De hecho, después de ser nombrados, Maduro los amenazó, los calificó de “usurpadores” y afirmó que serían apresados “uno por uno”.
Esto se está cumpliendo. Al menos, tres de esos magistrados ya fueron arrestados.
En vista de esta situación, los funcionarios han pedido protección en embajadas de otros países.
En efecto, otros seis magistrados han sido acogidos por el Gobierno chileno.