El Objetivo de Desarrollo Sostenible Cero Hambre,establecido en 2015 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ha llevado a las autoridades panameñas a trazar el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2017-2021.
El plan surge luego de que entre 2000 y 2015 Panamá logró reducir a la mitad la proporción de personas que padecen hambre.
El descenso está plasmado en un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), que detalla que en los últimos 15 años el país pasó de tener 856 mil personas subalimentadas —27.6% de la población— a unas 400 mil personas, es decir, 9.5% (ver tabla).
El organismo internacional deja en evidencia que existe una estrecha relación entre la subalimentación y las condiciones de pobreza en que viven las personas, tanto en áreas rurales como comarcales.
De hecho, en el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional se precisa que en 10 años la pobreza pasó de 36.6% en 2005 a 22.3% en 2015. (ver tabla).
Entre los factores que influyen en la disminución de la pobreza se encuentra la inversión en transferencias monetarias que otorga el Estado a la población panameña vulnerable.
Por ejemplo, un informe de 2016 de la Contraloría General de la República menciona que el monto total de los principales subsidios otorgados por el Estado, al 31 de diciembre de 2015, fue de mil 452.8300 millones de dólares.
De ese total, en becas se otorgaron $234.1 millones; en el programa 120 a los 65 fueron $156.7 millones; Fondo de Estabilización Tarifaria $50 millones y en Red de Oportunidades $41 millones, entre otros.
'INCONCEBIBLE'
En tanto, la exdiputada y exdirectora de la Secretaría Nacional de Alimentación Teresita Yániz de Arias mencionó que en un país como Panamá es “inconcebible y vergonzoso” que esa cantidad de personas tenga problemas al momento de alimentarse.
Recalcó que en esta nación no debieran existir problemas de personas subalimentadas en áreas urbanas, rurales e indígenas.
Yániz de Arias planteó que durante las dos últimas administraciones se ha dado un descuido en el tema de la aplicación de los programas, como el bono de nutrición y los almuerzos escolares en los planteles apartados, entre otros.
Por ello, dijo que urge reactivar esos programas y comenzar a atacar el hambre oculta, que se caracteriza por la alimentación carente de nutrientes.
“Alimentarse mal durante los primeros años de vida afecta el desarrollo normal de los niños”, recordó.
Para Yániz de Arias, la inversión que han estado realizando los gobiernos en este aspecto debe ser evaluada para conocer si efectivamente estamos cumpliendo las metas que debemos lograr para llegar a tener cero hambre en el país.
‘ESTAMOS TRABAJANDO’
Ante el escenario que se plantea en la actualidad, el ministro consejero Temístocles Díaz aseguró que este Gobierno está“comprometido” a dejar en cero la cifra de la población que enfrenta malnutrición en el país.
Comentó que durante muchos años el tema de la sana alimentación había estado concentrado exclusivamente en el Ministerio de Salud (Minsa), cuando evidentemente se trata de un problema multidimensional que requiere de un esfuerzo integral de varias entidades del Estado.
A través del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2017-2021, que fue presentado oficialmente el pasado 28 de marzo, se ha establecido un trabajo en conjunto en el que además del Minsa están los ministerios de Educación, Desarrollo Social, Desarrollo Agropecuario, entre otras entidades que forman parte del Gabinete Social gubernamental.
“Lo que proponemos es tener un impacto como Estado para que los recursos sean mejor focalizados”, dijo.
Por su parte, Alcibíades Vásquez, ministro de Desarrollo Social, señaló que los esfuerzos del país se concentran en 14 comunidades en donde, según los estudios realizados por el Mides, se encuentra la población en situación de pobreza extrema, es decir, las áreas comarcales y las provincias de Bocas del Toro, Colón y Darién.
Detalló que como parte de este plan cada ministerio deberá asumir como coordinador en alguna de esas comunidades para garantizar que se implementen las acciones que permitan mejorar las condiciones de vida de esas personas.
De igual modo, señaló que a través del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, se han fijado las responsabilidades de cada uno de los ministerios en acciones de salud, educación y agricultura para alimentar a la población.
Vásquez apuntó que cada esfuerzo ayudará no solo a reducir la población que padece hambre, sino también a disminuir los niveles de pobreza de conformidad con la Agenda Global 2030, y particularmente con el Objetivo 2 de Desarrollo Sostenible: poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y promover la agricultura sostenible.
Agregó que desde cada entidad y ministerio se deben asignar los fondos para atender temas destinados a mejorar la condición de vida de la población vulnerable, entre ellos, electrificación, casas, sanidad básica, sistemas de salud.
“El presupuesto del Estado tiene un techo, es por eso que se tiene que jugar con las cifras a lo interno de cada institución, aunque sabemos que se van a tener que hacer ajustes y traslados interinstitucionales”, dijo Vásquez.
Para medir los avances que se hacen respecto al Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, se implementará el índice multidimensional de pobreza que evaluará la condición de vida de las personas beneficiarias de los distintos programas.
UNA META ALCANZABLE
En la presentación del plan participó Tito Díaz, coordinador subregional de la FAO para Mesoamérica, quien aplaudió el trabajo realizado en el país durante los últimos 15 años.
“No tenemos ninguna duda de que Panamá es uno de los países de Latinoamérica que está en condiciones de declararse libre de hambre antes de 2030”, expresó Díaz.
Detalló que la meta es enteramente alcanzable, dado que desde el Gobierno se conocen dos variables fundamentales para hacer frente al problema: se sabe que son unas 400 mil las personas que sufren de hambre y, además, se tienen definidas las áreas en donde está focalizada la situación.
Conociendo estos dos elementos y apuntando los programas y políticas públicas a esos núcleos con mayor hincapié, se lograría un impacto claro para reducir las cifras, sostuvo Díaz.
No obstante, el coordinador subregional de la FAO para Mesoamérica adujo que todavía queda mucho camino por recorrer, y que uno de los grandes retos para alcanzar la meta será lograr la accesibilidad de los alimentos no solo en cantidad, sino también en calidad.
Sus declaraciones se basan en que, según estimaciones realizadas, la población panameña alcanzará los 4.55 millones de habitantes en 2025 (un 19% superior respecto a 2013) y 4.83 millones en 2030 (un 27% superior).
Además, que el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2017-2021 evidencia que la producción agrícola del país ha descendido un 15% en los últimos 10 años.
Díaz estimó que la clave para lograr el éxito estará en garantizar una efectiva “integralidad” entre todas las instituciones que tienen la responsabilidad de que los cambios que se requieren sean puestos en marcha para reducir la pobreza, y en la correcta continuidad de los programas.
REGIÓN COMPROMETIDA
La FAO ha felicitado los esfuerzos que los países de América Latina y el Caribe han hecho durante los últimos años, permitiendo que el hambre en la región se redujera y pasara de 14.7% en 1990 a 7.9% en 2013, respecto a su población total que es actualmente de 625 millones de personas.
El organismo internacional apunta que “gracias a políticas públicas exitosas implementadas por los gobiernos, complementadas con crecimiento económico”, la desnutrición infantil también ha caído a la mitad en dicho período, mientras que el número total de personas que sufren subalimentación hoy en día es de 34 millones.
Incluso, fue la primera región en comprometerse con la erradicación completa del hambre a través de la Iniciativa América Latina y el Caribe sin hambre 2025, reporta la FAO.
Sin embargo, también señala que si bien la disponibilidad de alimentos en América Latina y el Caribe es suficiente para cubrir las necesidades energéticas de toda su población, existen tendencias inquietantes: la disponibilidad de azúcar es mayor que la observada en regiones desarrolladas y la disponibilidad de grasas per cápita es mayor a los rangos recomendados en una dieta saludable, mientras que la disponibilidad de pescado por persona es la más baja de todas las regiones.
En ese sentido, la FAO sugiere hacer hincapié en la adopción de patrones alimentarios saludables, lo que no solo se traduce en promover cambios en el consumo; sino que requiere reorientar las políticas públicas para crear sistemas alimentarios sostenibles y sensibles a la nutrición, que puedan proveer una adecuada oferta de alimentos saludables.