“La consultoría que se hizo para el servicio al usuario se hizo bajo el marco legal (...) y a mí me parece hasta barato”. Así explicó Patria Portugal, defensora del Pueblo, el contrato por $200 mil con En Avant, S.A., en agosto de 2012 para mejorar la atención al cliente en la institución, servicio por el que esta empresa subcontrató por apenas $6 mil.
La empresa favorecida de forma directa por la Defensoría tiene en su junta directiva a la familia Ramírez, también propietaria de Imaginarium Studio, S.A., que cinco meses antes recibió de Portugal $250 mil para la confección de una página web y un logotipo para esta entidad, servicios que expertos cotizaron en un máximo de $35 mil.
“Lo que vemos es un ataque directo a la Defensoría, quieren empañar nuestra labor”, dijo Portugal. “Es triste lo quieren hacer ver”, añadió. Además, la institución emitió ayer un comunicado justificando este servicio.
Sin embargo, a pesar de las declaraciones de la defensora, personal de la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información instauró ayer una comisión en esta entidad para recopilar la documentación necesaria con el fin de hacer un informe sobre las supuestas irregularidades.
“Un grupo fue a verificar la información. Se hizo difícil al principio porque pedían una carta, a pesar que ya conocían a los funcionarios”, dijo Abigaíl Benzadón, administradora de esta autoridad y quien dijo sentirse extrañada de que colaboradores de la Defensoría grabaran toda esa gestión en video.
Esta autoridad también hizo una inspección cuando se reveló el contrato con Imaginarium Studio, S.A., la que generó un informe a la Contraloría General y a la Procuraduría de la Nación para una investigación.
Uno de los puntos que contenía dicho informe fue el mal uso del artículo 92 de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, que regula las contrataciones públicas.
No obstante, el artículo 92 se refiere al pago de fianzas, mientras que es el 82 el que regula los contratos para consultorías: “Quedan comprendidos dentro de estos contratos los que tienen por objeto la interventoría, asesoría y gerencia de obras o de proyectos, así como la dirección, la programación, el análisis, el diseño, los planos, los anteproyectos y servicios similares”. Además, esta sección legisla que la empresa que realice la consultoría queda descartada para participar en la licitación o contratación directa.
Por otra parte, según Portugal, el pasado viernes se recibió el informe de la Contraloría concerniente al caso de Imaginarium Studio, S.A. “Ya tenemos el informe que hizo la Contraloría producto de las patrañas de La Prensa, está todo legalmente”, dijo.
No se pudo obtener una versión de la Contraloría sobre la existencia o no del citado informe.
DOMICILIO FALSO
En el contrato entre la Defensoría y En Avant, S.A. aparecía el edificio Rafael, en Perejil, local 303, como el domicilio de la empresa. Sin embargo, esta nunca tuvo que ver con esta sociedad, según reveló el abogado Leroy Husband King, que opera en esta oficina junto con dos juristas más.
“No tengo nada que ver con esa compañía. Eso tiene implicaciones legales, y yo voy a ver por qué pusieron mi dirección”, dijo Husband King, quien afirmó conocer a Ramírez desde hace casi 10 años. “Nunca me pidieron permiso y tampoco lo hubiera dado”, agregó.
Incluso, ninguno de los tres abogados que tienen sus nombres en la entrada de este local aparecen en documentación legal alguna de En Avant, S.A., que tiene a Samuel Jiménez Vásquez como su agente residente.
CUESTIONAN LABOR
Para Magaly Castillo, directora ejecutiva de la Alianza pro Justicia, Patria Portugal ha enfocado sus esfuerzos en la dirección equivocada. “No entendemos por qué se despilfarra medio millón de dólares para contratar a empresas que ayuden a mejorar la imagen y mejorar el trato al cliente, si lo que la institución tiene que hacer es defender los derechos humanos”, dijo Castillo.
Por su parte, Jorge Ricardo Fábrega, ministro de Gobierno, evitó hablar del tema. “Yo no quiero opinar sobre cosas que son especulación. Ella ha estado yendo a distintos centros (penitenciarios), y ha enviado por escrito las recomendaciones que ella cree son pertinentes para mejorar la situación de la gente”, indicó.
(Con información de Yahir Leis Alvarado).