El Fiscal Electoral, Eduardo Peñaloza culpó a la Contraloría General de la República por el retraso en las investigaciones que se le siguen a los exdiputados y candidatos impugnados en las elecciones pasadas, en las que el Tribunal Electoral (TE) supuestamente comprobó el uso de recursos del Estado para sacar provecho político.
Entre estos procesos están los seguidos al exdiputado Rogelio Baruco (4-1, David); Giselle Rosas de Vallarino (4-6, Tolé, Remedios y San Feliz); Porfirio Ellis (9-1, Santiago), y Manolo Ruíz (4-3, Dolega, Gualaca y Boquete).
Detalló que el TE hizo el acto administrativo para decretar la nulidad en estos casos y compulsó copias a la fiscalía para que investigara si hubo algún delito, y han sido enviados con la recomendación en la vista fiscal.
No obstante, precisó que la piedra angular de esas investigaciones son las auditorías de la Contraloría.
“Conozco de un fiscal que ha reiterado a la Contraloría la solicitud de las auditorías de estos casos. La auditoría de estos casos es la prueba principal; incluso esos expedientes han sido remitidos a los juzgados con su correspondiente vista fiscal y su recomendación, pero han sido devueltos”, destacó.
Explicó que lo único que existe son informes del Tribunal Electoral que son válidos en materia administrativa, pero en materia penal, la carga de la prueba la tiene la Fiscalía, y la Corte ha sido muy reiterativa al decir que en los casos de utilización de bienes y recursos del Estado la prueba fundamental es la auditoría de la Contraloría.
Afirmó que si un fiscal acude a un caso de estos sin tener aún el informe de la Contraloría, cualquier abogado lo hace trizas.
“Sería ir a hacer el ridículo y a pasar vergüenza. Si esos informes -que son presunciones y admiten pruebas- se pueden rebatir y destruir, mucho más lo es un informe realizado por el Tribunal Electoral”, sostuvo el fiscal electoral.
Sobre el tema, se intentó conocer una opinión del contralor Federico Humbert, a través de su oficina de comunicación, pero no hubo respuesta.