Las personas condenadas por corrupción de servidores públicos, estafa agravada y delitos financieros no podrán beneficiarse de la sustitución de hasta el 30% de la pena impuesta por trabajo comunitario, arresto domiciliario, días multa, entre otros.
Ello será así si el proyecto 245, aprobado el miércoles en segundo debate en la Asamblea Nacional, se convierte en ley de la República.
En el documento, al cual se le dará tercer debate el próximo lunes, también se aprobó permitir los acuerdos de pena para los colaboradores eficaces en los procesos que se sigan por hechos delictivos cometidos antes del 2 de septiembre de 2016. En este caso, se archivaría la causa contra el colaborador eficaz, una vez se concreten las condiciones del acuerdo con el Ministerio Público.