De las 2 mil 12 personas que supuestamente consumieron los medicamentos de la Caja de Seguro Social (CSS) contaminados con dietilene glycol en 2006, solo 15%, es decir 315 víctimas, ha logrado obtener la pensión vitalicia de $600 mensuales que otorgó el Ejecutivo en noviembre de 2013.
El resto de las personas está a la espera de que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) les reconozca que fueron afectados por ingerir el veneno. Sin embargo, los miembros del Comité de Familiares por el Derecho a la Salud y la Vida realizan gestiones para que un número mayor de personas sea beneficiado por la pensión.
El vicepresidente de este comité, Daniel Sarmiento, explicó que empezaron conversaciones con las autoridades del Ministerio Público y de la CSS para mejorar los criterios de evaluación de los afectados y ampliar la cantidad de personas que pueden recibir la pensión.
Agregó que los criterios que se deben cumplir para recibir el beneficio están establecidos en la Ley No. 20 del 26 de marzo de 2013, por medio de la cual el Ejecutivo aprobó la pensión a los afectados por el dietilene glycol.
El director del Imelcf, Humberto Mas, en reiteradas ocasiones ha explicado que uno de los requisitos clave para establecer la vinculación de la víctima con el veneno son los envases de la medicina y el expediente clínico.
Mientras que Sarmiento manifestó que la receta médica es el principal obstáculo que enfrentan las víctimas para poder comprobar que ingirieron los medicamentos envenenados.
Sonia Ujueta, una paciente que ingirió el expectorante contaminado sin azúcar y quien padece de una hernia estomacal que le impide respirar con normalidad, indicó que le han negado la pensión porque solo cumple con un criterio de la Ley 20 de 2013.