Los más altos representantes de la empresa privada, del Tribunal Electoral y de la dirigencia sindical fueron víctimas del espionaje telefónico del gobierno del expresidente Ricardo Martinelli.
Stanley Motta acudió ayer a la Fiscalía Auxiliar para confirmar que se encuentra en el listado de 150 ciudadanos cuyas conversaciones fueron interceptadas.
Motta, uno de los hombres más acaudalados de Centroamérica y cuyos activos familiares, según Forbes, rondan los 2 mil 500 millones de dólares, llegó en la mañana de ayer a la sede de la Fiscalía Auxiliar para confirmar su presencia en el listado que mantiene la institución.
Quien confirmó que fue víctima de las escuchas telefónicas en la era Martinelli fue el presidente del Tribunal Electoral, Erasmo Pinilla. “Me interceptaron correos electrónicos y llamadas. Fui a la fiscalía y reconocí los documentos”.
Agregó que la situación actual que vive el país “es producto del quinquenio de gente que creía que lo que dice la Constitución y las leyes es un chiste”.
El dirigente sindical Mariano Mena también acudió ayer a la Fiscalía Auxiliar para conocer si aparecía en el listado de víctimas de los pinchazos.
Por su parte, el abogado Carlos Herrera Morán confirmó que en el listado de las escuchas telefónicas se encuentran varios miembros del Colegio Nacional de Abogados, aunque dijo no estar autorizado para hacer públicos sus nombres.
Los exsecretarios del Consejo de Seguridad Nacional Gustavo Pérez y Alejandro Garuz fueron trasladados ayer al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), para someterse a una serie de exámenes médicos y establecer su estado de salud.
El director del Imelcf, Humberto Mas, confirmó que, en el caso de Gustavo Pérez, a este se le diagnosticó un cuadro de hipertensión, por lo que fue trasladado al Hospital Santo Tomás para estabilizarlo.
Indicó que tras lograrlo, fue enviado a la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en donde permanece detenido.
Mientras que de Alejandro Garuz afirmó que sufre de diabetes y requiere del tratamiento de un endocrinólogo.
Explicó que Garuz mantiene un dieta rigurosa en la que debe consumir mil 800 calorías diarias y requiere medicación especial.
Más acciones legales
Ayer, la diputada del Partido Revolucionarios Democrático (PRD) Zulay Rodríguez presentó una querella penal por las escuchas telefónicas de las que supuestamente ella y su esposo fueron víctimas en la pasada administración.
Fuentes judiciales expresaron que se trata de la primera querella, luego de que el Ministerio Público revelara la existencia de una listado de 150 personas, entre empresarios, comunicadores, figuras políticas y sindicales.
De esta manera, Rodríguez se convierte en parte del proceso seguido a Garuz, a Pérez, a Ronny Rodríguez Mendoza y a William Pitti Navarro (estos últimos, exfuncionarios del Consejo de Seguridad) por escuchas telefónicas ilegales.
Rodríguez denunció el año pasado haber sido objeto de pinchazos telefónicos y que, incluso, las conversaciones con su esposo habían sido alteradas y difundidas en las redes sociales.
Por otro lado, se conoció que el magistrado Luis Ramón Fábrega es el ponente del hábeas corpus presentado por Garuz, quien se mantiene detenido en la DIJ.
Funcionarios de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia notificaron ayer del recurso al fiscal auxiliar, Marcelino Aguilar, y solicitaron a ese despacho copia de los 10 tomos que contiene el expediente.
Ahora, Fábrega deberá elaborar un proyecto de fallo, que tendrá que ser analizado por los otros ocho miembros del pleno de la máxima corporación de justicia.
El recurso fue interpuesto por Cristóbal Arboleda, representante legal de Garuz, quien alegó que la medida de detención preventiva aplicada a su cliente es excesiva, ya que el delito imputado tiene pena mínima de dos años de prisión.
Arboleda estimó que se trata de una violación flagrante del debido proceso por parte de los funcionarios del Ministerio Público.
En tanto, Armando Fuentes, abogado de Gustavo Pérez, manifestó que la fiscalía no le ha permitido sacar copias del expediente para poder armar una estrategia, a pesar de haber colaborado desde el inicio de la investigación.
Fuentes afirmó que en los próximos días presentará un escrito de petición de pruebas a la fiscalía para saber si le serán admitidas.
OTRO FRENTE
La Fiscalía Segunda Anticorrupción instruye otro sumario por la pérdida de uno de los equipos utilizados por el Consejo de Seguridad para escuchas telefónicas. Se trata de una máquina valorada en $13.4 millones, cuya adquisición no ha sido reconocida por Pérez ni Garuz ni por los otros exsecretarios del Consejo de Seguridad, Julio Moltó y Olmedo Alfaro.
En este caso, la fiscalía solicitó copia de los contratos para la compra del equipo.
