Un juez guatemalteco ordenó ayer investigar la participación del detenido expresidente Otto Pérez Molina en la adjudicación supuestamente irregular de un usufructo portuario a una empresa española durante su mandato, entre 2012 y 2015. El juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo B de la ciudad de Guatemala, determinó investigar a Pérez por la supuesta comisión de los delitos de cohecho pasivo, lavado de dinero y fraude.
Pérez es acusado por la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala de haber promovido el contrato irregular y de recibir parte de unos 30 millones de dólares en sobornos.
Una de las pruebas presentadas por los acusadores fue el testimonio de Juan Carlos Monzón, exsecretario de la Vicepresidencia, quien vinculó a Pérez en la estafa para beneficiar a la firma española Terminal de Contenedores Barcelona, que obtuvo el usufructo con una inversión de unos 255 millones de dólares.
El juez también ordenó investigar por los mismos delitos a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien guarda prisión por acusaciones de encabezar junto a Pérez una red que cobraba sobornos a empresarios para evadir impuestos aduaneros. Gálvez tiene pendiente resolver en una audiencia si ambos deben enfrentar juicio.
Debido a las supuestas anomalías en el proceso de usufructo, la semana pasada el presidente Jimmy Morales anunció que giró instrucciones a la Procuraduría General de la Nación para buscar la nulidad del contrato.
La firma opera en Guatemala con el nombre de Terminal de Contenedores Quetzal, la cual funciona en el interior del puerto Quetzal, sobre el Pacífico.
Acorralados por ese escándalo destapado el 16 de abril de 2015, Baldetti renunció el 8 de mayo y Pérez el 2 de septiembre, tras perder su inmunidad en el Congreso en medio de protestas callejeras de indignación.