Personal docente y administrativo de la Universidad de Panamá (UP), que está próximo a jubilarse, se resiste a abandonar la primera casa de estudios universitarios del país.
Recientemente, Carlos Guevara, representante legal de los funcionarios administrativos de la UP, presentó ante la Corte Suprema de Justicia una demanda de inconstitucionalidad parcial en contra del artículo 304 del Reglamento de la Carrera Administrativa de la Universidad.
En el literal “D” de dicho documento, se indica que la jubilación o pensión por vejez es una causal para la terminación del contrato laboral entre la universidad y los funcionarios.
Por su parte, el catedrático Ramón Ehrman señaló que en el estatuto universitario se establece que los docentes con 75 años de edad o más deben abandonar las aulas de enseñanza.
Ambos coincidieron en que las medidas son “ilegales”, violatorias de los derechos al trabajo y demandan que las normas sean derogadas.
Ante los reclamos, Roldán Adames, vicerrector administrativo de la Universidad de Panamá, indicó que ambos reglamentos son válidos y que por ahora no se adelanta ninguna discusión para que sean eliminados.
“La universidad no puede ser una Cruz Roja, ni un asilo para ancianos”, expresó el funcionario.
Agregó que en la Casa de Octavio Méndez Pereira debe haber un relevo generacional y urge que toda su estructura sea renovada.
Se estima que son más de 400 los funcionarios que superan la edad para estar en la universidad.