El juez quinto penal, Enrique Paniza, consideró que la actuación de la personera cuarta municipal, Maribel Concepción, de no notificar a a los abogados de Corporación La Prensa (Corprensa) su decisión de no indagar a empleados de Transcaribe Trading, S.A. (TCT) violó los derechos de la parte querellante.
La opinión del juez Paniza está consignada en el salvamento de voto que hizo en el fallo del 17 de octubre pasado, en el cual el Tribunal de Apelaciones y Consultas revocó la decisión del Juzgado Segundo Municipal de admitir un incidente de nulidad contra la decisión de la personera Concepción.
Este tribunal estuvo formado, además, por Alexis Ballesteros, juez cuarto penal, quien actuó como ponente; y por Jorge Brown, juez sexto penal, que avaló el fallo de segunda instancia.
Aunque Paniza consideró que la resolución del 26 de febrero de 2013, emitida por la personera Concepción, en la que negó indagar a los acusados por el bloqueo y solicitó un sobreseimiento definitivo, no es obligatoria su notificación personal, advierte, sin embargo, que con esta acción se impide a las partes presentar las impugnaciones que la ley les permite.
El juez Paniza también cuestionó el hecho de que la personera Concepción elaboró un oficio de notificación para la firma Mejía & Asociados, apoderados legales de Corprensa, el 28 de febrero, es decir dos días después de remitir su vista fiscal del caso.
Agrega Paniza que es más preocupante que esta notificación fuera enviada hasta el 6 de marzo de 2013 a las oficinas de los abogados de Corprensa, por parte del Centro de Comunicaciones Judiciales del Órgano Judicial.
El trámite, recalca el salvamento de voto, “evitó el actuar de la parte querellante, en virtud de que al conocer la medida dispuesta por la agencia de instrucción ya se le había vedado el derecho a realizar actuación alguna en contra de la misma”.
De igual forma, el juez quinto penal le recuerda a sus dos colegas que apoyaron el fallo, que para estos casos se deben mantener siempre presentes los principios de lealtad, buena fe y de igualdad procesal de las partes, los cuales, explica, están contemplados en los artículos 18 y 19 del Código Procesal Penal.
Esto garantiza, agrega Paniza, que las partes puedan llevar a cabo sus actividades dentro de un marco de igualdad con el fin de que los procesos “se desarrollen con máximo respeto a las garantías judiciales de los involucrados”.
El 21 de octubre pasado, el presidente, Ricardo Martinelli, escribió en su cuenta de Twitter, sobre supuestas amenazas de los abogados de La Prensa a los jueces en este proceso.
Martinelli –que no es parte de este proceso– escribió a las 8:46 a.m. que: “La firma del abogado magistrado cuyo cliente es La Prensa anda amenazando jueces en el caso Ochy. Y la institucionalidad dónde está?”.
48 horas después del tuit del Presidente, es decir, el 23 de octubre, los abogados de Corprensa fueron notificados del fallo.
David Ochy, representante legal de TCT y otros seis empleados de esa empresa fueron señalados como responsables del bloqueo a este diario y favorecidos con un sobreseimiento definitivo.