La fiscalía peruana y Odebrecht firmaron un acuerdo de colaboración con el que la constructora brasileña entregará sin condiciones documentos y datos sobre el pago de sobornos a funcionarios en Perú, además de un pago de 181 millones de dólares, informó el fiscal Rafael Vela en una entrevista publicada el domingo.
El acuerdo “asegura todo el material probatorio que la empresa aportó... [y] asegura todo lo que vendrá en el futuro. Ellos tienen la obligación de seguir colaborando, de seguir declarando y entregando pruebas documentales de acuerdo a las exigencias de la fiscalía”, confirmó Vela, el coordinador peruano del caso, en una entrevista con el diario peruano El Comercio. El cierre del trato empezó el viernes y culminó la madrugada del sábado en las oficinas del equipo fiscal encargado de investigar a Odebrecht.
Un punto importante del acuerdo radica en que el exjefe de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, podrá ser interrogado por los fiscales que investigan a políticos importantes de Perú y sobre quienes recae la sospecha de coimas. La fiscalía también podrá recibir todo tipo de información de los sistemas informáticos encriptados llamados “MyWebDay” y “Drousys” que Odebrecht usaba para proteger sus sobornos. La constructora también pagará 181 millones de dólares en 15 años como reparación civil.
A cambio, la fiscalía peruana se ha comprometido a no usar la información obtenida en contra de los funcionarios de Odebrecht y a archivar los procesos en curso ligados a los casos judiciales surgidos del acuerdo.
El acuerdo otorgará pruebas clave para colocar evidencias sólidas a las acusaciones en contra de políticos peruanos importantes, entre ellos el expresidente Alan García, así como contra la política opositora Keiko Fujimori. Pero también añadirá más información a las acusaciones contra los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.
Como en otros países de Latinoamérica, el caso Odebrecht ha provocado una profunda crisis en Perú que ha salpicado a toda la élite política actual. La fiscalía de Perú investiga a todos los presidentes que han gobernado el país desde 2001 hasta 2018 por presuntos delitos de corrupción y lavado de activos.