La Comisión de Estado por la Justicia solicitó al magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, un informe sobre cuáles fueron los criterios que se siguieron para la escogencia y nombramiento de 931 funcionarios que formarán parte del sistema penal acusatorio (SPA) en el Primer Distrito Judicial, que comprende las provincias de Panamá, Colón, Panamá Oeste, Darién y las comarcas Guna Yala, Emberá Wounaan y Wargandí.
En una carta que lleva la firma del procurador de la Administración, Rigoberto González, quien actúa como coordinador de la comisión, también se solicitó al magistrado información sobre cuántos de esos funcionarios fueron nombrados por el pleno de la CSJ y cuántos por la Sala Cuarta de Negocios Generales, que es presidida por Ayú Prado.
Al mismo tiempo, pidió que se les informe cuántos de esos nombramientos recayeron en asistentes de los magistrados de la CSJ, y cuál fue el sustento legal que se siguió para no hacer estos nombramientos bajo los parámetros de la ley de Carrera Judicial.
En la carta se detalla que la Comisión de Estado por la Justicia observa que está pendiente la designación del secretario técnico de Recursos Humanos, cargo que tiene una gran importancia en la medida en que le corresponde tomar decisiones respecto a los funcionarios que han de ingresar al Órgano Judicial, lo que debe hacerse mediante la aplicación de los principios de la ley de Carrera Judicial.
Advierten que el citado nombramiento debe hacerse en base a los criterios que permitan la mayor transparencia posible, y que dicha secretaría debe contar con personal capacitado.
Otro de los aspectos que la Comisión de Estado reclama es el hecho de que está pendiente la elaboración de los 23 reglamentos que son necesarios para la implementación de la ley de Carrera Judicial y que de igual manera se debe contar con el apoyo logístico para la conformación de los consejos que se establecen en esa norma.
La Comisión de Estado por la Justicia está integrada por representantes de la Procuraduría de la Administración, Órgano Judicial, Asamblea Nacional, Órgano Ejecutivo, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Colegio Nacional de Abogados, Alianza Ciudadana Pro Justicia y el Consejo Ecuménico.
Sociedad civil critica
Magaly Castillo, de Alianza Ciudadana Pro Justicia, estimó que los nombramientos hechos por el Órgano Judicial para el SPA del Primer Distrito Judicial debieron ser más transparentes.
Castillo criticó el hecho de que el Órgano Judicial nunca solicitó el traslado de partida de $10 millones, que inicialmente había sido asignado para implementar la ley de Carrera Judicial.
“No comprendo qué fue lo que pasó allí, todos entendíamos que se habían asignado $10 millones para el inicio de la implementación de la ley de Carrera Judicial, pero finalmente no sé qué fue lo que pasó allí”, enfatizó.
Sobre este tema, estimó que solo había que solicitar un traslado de partida para cumplir con la ley de Carrera Judicial, pero no había la voluntad para implementarla.
Por su parte, Ayú Prado reconoció el miércoles que la CSJ hizo los nombramientos para el SPA sin cumplir con las disposiciones de concurso que exige la ley de Carrera Judicial. Señaló que no había recursos para implementar la carrera judicial.
Castillo adujo que si bien no se tenían los fondos para la ley de Carrera Judicial, se debió realizar un proceso de selección de los funcionarios para el SPA mucho más transparente. “Ellos [la Corte] decidieron escogerlos a todos de forma interina para tener el control de los funcionarios y sin la participación de la sociedad civil”, denunció la activista.
En tanto, dijo tener información de que muchos de los asistentes de los magistrados en el Judicial han sido seleccionados en cargos de jueces de garantías y otras posiciones dentro del SPA, lo que provocará una falta de personal que puede generar una crisis en la administración de justicia.
En tanto, Carlos Lee, presidente del Consejo Judicial, expresó que la utilización por la CSJ de un mecanismo diferente al establecido en la carrera judicial para los nombramiento en el SPA entra en conflicto con preceptos constitucionales y legales.
Advirtió que la CSJ coloca a estos funcionarios en una condición de vulnerabilidad, ya que pueden ser presionados en un momento dado por quienes los han nombrados [magistrados del pleno de la CSJ].
Lee precisó que esta condición podría contravenir el artículo 300 de la Constitución que establece que “los servidores públicos se regirán por el sistema de méritos; y la estabilidad de sus cargos estará condicionada a su competencia, lealtad y moralidad en el servicio”.
Advirtió que el nombramiento de lo servidores públicos no puede quedar vulnerable a presiones.
Ayer, Ayú Prado difundió una “nota aclaratoria”, en la cual niega haber solicitado un traspaso de partidas designadas originalmente para la carrera judicial, ya que estos fondos [$10 millones] habían sido asignados originalmente para el SPA. Sin embargo, Ayú Prado no mencionó nada sobre los cuestionados nombramientos en el referido sistema de justicia.
