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Piden a la Corte Suprema de Justicia publicar fallo sobre donativos

Piden a la Corte Suprema de Justicia publicar fallo sobre donativos
Después del fallo de la Corte, pocos diputados se han pronunciado sobre el tema.

Pese a que se desconoce el contenido completo del fallo que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dictó la semana pasada y que declaró inconstitucional el Decreto No. 441 de la Contraloría General de la República –que regulaba los donativos y subsidios que entregan los diputados de la Asamblea Nacional–, el procurador de la Administración, Rigoberto González, explicó que a partir de esa sentencia no se deben asignar fondos al Legislativo para donaciones.

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“Se supone que a partir de ahí [del fallo] no se debe asignar fondos a la Asamblea para ese propósito [donaciones], porque el fallo es categórico al decir que no se trata de cuál es la vía que se utilizó para regular esa materia, sino que esa materia no tiene sustento en la Constitución. [Es decir], no hay una norma que permita adoptar [las donaciones] (...) entonces, eso es inconstitucional”, explicó.

La semana pasada, los magistrados de la Corte Harry Díaz (ponente), Abel Zamorano, Oydén Ortega, Jerónimo Mejía y Hernán De León avalaron la denuncia presentada por el abogado Ernesto Cedeño contra el decreto de la Contraloría, que regulaba la entrega de donativos y subsidios por parte de la Asamblea.

Mientras que Secundino Mendieta, suplente de Ángela Russo, votó en contra; y Cecilio Cedalise, José Ayú Prado y Efrén Tello –suplente de Luis Ramón Fábrega– se abstuvieron.

La denuncia en contra del Decreto No. 441 se dio luego de que La Prensa documentara que entre julio de 2014 y el 3 de marzo de 2017 el Legislativo gestionó $14 millones en donaciones y subsidios, dinero que en algunas ocasiones no fue a parar íntegramente a sus beneficiarios originales.

Este diario también reveló que la entidad destinó $68 millones en contratos por servicios profesionales, cuyos montos no llegaron al destinatario ni tampoco fueron trabajados en muchos casos.

PIDEN AGILIZAR TRÁMITE

Por tal razón, dirigentes de la sociedad civil organizada pidieron ayer a los magistrados de la Corte agilizar los trámites que se requieren para que la ciudadanía conozca los detalles del fallo.

Por ejemplo, Freddy Pittí, del movimiento Juntos Decidimos, cuestionó la demora de la Corte. “Considero que la decisión de no publicar el fallo aún es una falta de transparencia y a la ciudadanía en general”.

Para Pittí, es necesario que la Corte explique al país las razones por las cuales no han hecho público un fallo que salió desde la semana pasada.

En tanto, Lorena González, del Foro de Partidos Políticos, dijo que sería oportuno tener ese pronunciamiento, dado que en la Asamblea se está debatiendo el proyecto de reformas electorales y en este hay un componente relacionado con las donaciones privadas.

Por su parte, el politólogo Richard Morales planteó que la demora de la Corte demuestra la complicidad de ese órgano del Estado con la Asamblea.

“El encubrimiento del fallo le da a la Asamblea tiempo para modificar el esquema de donaciones sin que les perjudique el fallo”, opinó.

Añadió que los diputados han logrado mantener siempre un equivalente de partidas circuitales, aunque sea bajo otro nombre y esquema administrativo.

Dijo que la demora en dar a conocer el fallo es para permitirles adecuarse antes de que les perjudique y puedan “sustituirlo por un nuevo método de extracción de recursos del Estado, con el cual enriquecerse y financiar el clientelismo y sus reelecciones”.

HABLA EL CONTRALOR

Quien también se pronunció esta semana en relación con el fallo fue el contralor Federico Humbert, quien dijo que aspira que la Corte haga público el documento.

“Esperamos nos lo entreguen pronto”, afirmó, e indicó que requiere conocer los detalles del fallo, porque si este lo que declaró inconstitucional fue el manual de la Contraloría, permitiría que la Asamblea pueda seguir dando donaciones sin que haya un control de la institución fiscalizadora, que es la Contraloría.

“No podemos permitir que se cercene la capacidad de la Contraloría de poder fiscalizar, y que todos los fondos de los panameños que son parte del presupuesto del Estado sean manejados de una forma libre sin el control...”, manifestó.

Fuentes del Órgano Judicial informaron ayer que al fallo aún se le están agregando los salvamentos de votos emitidos por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y debe continuar su trámite.

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