Cuatro organizaciones ambientales interpusieron ante la Corte Suprema de Justicia un amparo de garantías constitucionales contra una resolución de la extinta Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) –hoy Ministerio de Ambiente– que avala un estudio de impacto ambiental (EIA) categoría II para la construcción de un oleoducto en el aeropuerto de Tocumen que utilizaría tierras protegidas del humedal bahía de Panamá.
El recurso, presentado por el Centro de Incidencia Ambiental, la Asociación Red Ciudadana Urbana de Panamá, el Centro de Estudios y Acción Social Panameño y la Fundación para el Desarrollo Integral Comunitario y Conservación de los Ecosistemas en Panamá, ataca la resolución IA-079-2014, del 6 de mayo de 2014, que aprobó un EIA categoría II para el desarrollo de la mencionada obra, adjudicada a la empresa Vertikal Corporation, Inc. durante el gobierno pasado.
El amparo sostiene que la resolución expedida por la Anam viola los artículos 17 y 109 de la Constitución, que consagran el derecho a la vida y a la salud de la población. Advierte, además, que la construcción del oleoducto en un área protegida pone en peligro una zona vital para el desarrollo de la vida silvestre, entre otros aspectos.
Un reciente fallo de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema anuló una orden de la Anam que había revocado el EIA a Vertikal Corporation, Inc., para la construcción del oleoducto.