Un juez del Tribunal Supremo de España acusó el viernes a 13 políticos secesionistas catalanes de rebelión por sus intentos de lograr la independencia de la región, lo que significó un duro golpe para el movimiento secesionista, ya que su élite política podría ser condenada a décadas de cárcel.
El juez Pablo Llarena ordenó la prisión preventiva sin derecho a fianza para cinco de los políticos catalanes que respondieron a su citatorio el viernes.
Marta Rovira, del partido izquierdista ERC, no acató la orden y dijo en una carta que huía del país para vivir “en el exilio”.
El Tribunal Supremo señaló que se emitieron órdenes de arresto internacionales para seis políticos prófugos.
De acuerdo con las leyes españolas, los cargos de rebelión, derivados en este caso de la declaración de independencia de octubre, pueden acarrear penas de prisión de hasta 30 años.
Las prisiones preventivas probablemente causarán indignación en Cataluña, donde muchos califican a los funcionarios afectados de “presos políticos”.
El grupo independentista ANC convocó a realizar manifestaciones en ciudades de la región ayer por la noche.
El movimiento separatista de Cataluña, una próspera región de 7.5 millones de habitantes en el noreste de España, ha generado la crisis constitucional más grave de las últimas décadas.
Los cargos formulados ayer viernes aparentemente frustran las esperanzas de salir del impasse político e instalar un nuevo gobierno catalán en el futuro previsible. Los partidos y grupos cívicos independentistas han desafiado al Gobierno español durante los últimos seis meses con sus intentos de escindirse de España y crear una república.
Sin embargo, han chocado contra la férrea oposición de los tribunales. Según las encuestas, los catalanes están divididos de forma pareja con respecto a la secesión, aunque la gran mayoría apoya resolver el asunto mediante un referéndum legal.