Organizaciones de la sociedad civil concluyeron que la Asamblea Nacional de Diputados debe abrir una investigación a partir de las declaraciones que hizo a este diario el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Harry Díaz sobre ilícitos en ese Órgano del Estado.
Entre otras cosas, Díaz reconoció que las malas prácticas de los magistrados consisten en “archivar expedientes y vender fallos”.
La presidenta del Movimiento de Abogados Gremialistas, Edna Ramos, opinó que es necesario que se inicie un proceso para que Díaz aporte los nombres de los involucrados.
Precisó que no se requiere de una denuncia para que la Asamblea investigue, aunque sugirió que el presidente de la CSJ, José Ayú Prado, puede pedir una investigación.
Para Carlos Gasnell, vicepresidente de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, las declaraciones de Díaz “ alimentan aun más la percepción existente sobre lo mal que está nuestro sistema de administración de justicia”. Gasnell alegó que es indispensable la aprobación del proyecto de ley de carrera judicial.
En tanto, Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, dejó claro que es la segunda vez que un magistrado de la CSJ hace una denuncia de venta de fallos.
“Esto simplemente deja en evidencia la percepción que los ciudadanos tenemos de la corrupción en la CSJ. Los diputados deberían citar al magistrado Díaz”, acotó.
Mientras tanto, la exmagistrada de la CSJ Esmeralda Arosemena de Troitiño declaró: “Estamos viviendo una misma situación de crisis y hay una necesidad de que esto se investigue hasta las últimas consecuencias”.
“Esto es una cuestión de tal nivel de gravedad, y la situación obliga al sistema político del país a mirar estas declaraciones con la seriedad y compromiso que necesita”, argumentó.