Miles de personas dieron el último adiós este sábado a la carismática dirigente indígena lenca Berta Cáceres, asesinada el jueves en La Esperanza, 200 km al noroeste de la capital hondureña, y demandaron justicia cuando aún no hay señales de los autores del crimen.
“Justicia, justicia”, Berta vive, la lucha sigue, sigue”, gritaban los asistentes al sepelio, procedentes de diferentes zonas del país, mientras trasladaban el féretro en un oficio religioso antes de ser llevado al cementerio de la ciudad natal de la asesinada, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
Un hermano de Berta, Gustavo Cáceres, de los primeros en reconocer el cadáver, relató a la AFP que al menos dos encapuchados ingresaron la madrugada del jueves por la parte trasera de la vivienda donde dormía, y que su hermana se levantó al escuchar ruido y se enfrentó a los hombres hasta que la sometieron fracturándole un brazo y una pierna y le dispararon al menos ocho balazos a quemarropa.
Un mexicano que dormía en otra habitación, Gustavo Castro Soto, perteneciente a la organización Amigos de la Tierra México y otras agrupaciones, salió a ver qué pasaba y le dispararon hiriéndolo en un brazo. Además, una bala le rozó la mejilla pero fingió estar muerto y no le dispararon más.
Berta había vivido en la casa de su madre, pero dos meses atrás se había mudado a otra vivienda. “Ahora entendemos que [mudarse] fue una forma de proteger a la familia”, añadió Gustavo.
Las autoridades detuvieron al mexicano, al guardia de la colonia y a un compañero de Cáceres en el Copinh, que luego fue liberado, informaron familiares.
Según un informe del Equipo de Reflexión, Investigaciones y Comunicación (ERIC) de los jesuitas, la dirigente indígena había sido amenazada por policías, militares y paramilitares, desde que en abril de 2013 encabezó una serie de ocupaciones de carreteras y otras protestas de indígenas lencas contra una empresa hidroeléctrica china.
La compañía desistió del proyecto luego de que el Banco Mundial le retiró el financiamiento a causa de las protestas motivadas por el temor de los indígenas a que la empresa destruyera el río Gualcarque.
Más recientemente apareció otra empresa de hondureños adinerados —Desarrollo Energético, Sociedad Anónima, (DESA)—, con otro proyecto en el mismo río y Cáceres reinició la lucha con las comunidades.
Ante las amenazas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le dictó medidas cautelares, pero ella renunció a la protección por temor a las mismas autoridades.
Al contrario, se “profundizó su situación de vulnerabilidad al criminalizarla a través de acciones ilegítimas de jueces y fiscales”, subrayó. Cáceres fue acusada en los tribunales por la fiscalía de “portación ilegal de armas”, pero ella sostuvo que policías le colocaron un pistola en el vehículo para incriminarla.
En Panamá, el director y representante regional para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), Leo Hailman, demandó el pasado viernes justicia por el asesinato de la dirigente hondureña y exigió identificar, procesar y sancionar con la mayor brevedad a los responsables de dicho crimen.