El Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) propusieron ayer al papa Francisco y al secretario general de la ONU participar en la elección de los 24 magistrados de un tribunal que aplicará el acuerdo de justicia pactado entre las partes, uno de los temas más sensibles del diálogo de paz.
El pacto sobre justicia establece que los integrantes de la guerrilla y los efectivos de las fuerzas militares que acepten su responsabilidad en delitos cometidos en medio del conflicto y confiesen la verdad, recibirán una sanción de entre cinco y ocho años de restricción efectiva de libertad, pero no cárcel.
Sin embargo, quienes no acepten los crímenes imputados y sean hallados culpables serán castigados hasta con 20 años de prisión.
“El Gobierno Nacional y las FARC-EP hemos acordado proponer (...) a su santidad el papa Francisco, el secretario general de las Naciones Unidas, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, entre otros, para escoger una persona para conformar el mecanismo de selección del tribunal”, dijeron las partes en un comunicado conjunto.
“Los procesos de escogencia deberán concluir lo más pronto posible después de la entrada en vigor del acuerdo final”, detalla la nota.
El acuerdo sobre justicia también beneficiará a civiles como empresarios, hacendados o ganaderos que por presión o en forma voluntaria hayan apoyado económicamente o de alguna otra forma a la guerrilla o a los escuadrones paramilitares de ultraderecha, siempre y cuando lo admitan ante el tribunal de paz.
Los combatientes de la guerrilla que no sean responsables de delitos de lesa humanidad ni de crímenes de guerra como asesinatos, masacres, secuestros, desaparición forzada y abuso sexual serán beneficiados por una amnistía.
El acuerdo establece que los integrantes del comité seleccionarán a los magistrados por mayoría de 4/5, con un sistema que promueva el consenso, y “gozará de toda la autonomía e independencia para que pueda cumplir sus funciones de manera imparcial”. “Prometimos que la selección de los magistrados para la paz se haría de manera totalmente independiente, confiable, al más alto nivel y lo hemos logrado”, dijo el jefe de la delegación del Gobierno colombiano, Humberto de la Calle.
“Hemos cumplido la promesa. Creo que no habrá en Colombia una sola persona que ponga en duda la altura moral del comité de escogencia. Si está el santo padre, el secretario general de Naciones Unidas (...) podemos decir claramente que habrá justicia para las víctimas”, afirmó.
Por su parte, el jefe del equipo de las FARC, Iván Márquez, apuntó que el mecanismo anunciado es un nuevo paso que acerca a ambas partes “cada vez más a la firma del acuerdo final”. “Hemos apostado por la presencia (...) de organizaciones defensoras de los derechos humanos, de unos derechos que no son patrimonio de nadie ni contra nadie”, alegó.
El pacto de paz deberá ser refrendado en un plebiscito en Colombia, donde una encuesta de Ipsos difundida recientemente reveló que si la consulta se realizara inmediatamente, la mayoría votaría por el “No”. Solo un 59% de los colombianos participaría en el proceso, de acuerdo con el sondeo.