El Comité de Familiares y Pacientes por el Derecho a la Salud y la Vida solicitó al Ejecutivo eliminar los criterios para que los afectados por el consumo de jarabes envenenados de la Caja de Seguro Social (CSS) tengan acceso a la pensión vitalicia que aprobaron en enero pasado.
El vicepresidente del comité, Daniel Sarmiento, explicó que con la eliminación de la certificación harán justicia a 2 mil 12 víctimas que llevan siete años padeciendo por los daños causados a su organismo por el consumo de dietilene glycol.
Sarmiento informó que solo 180 personas recibieron la pensión de $600, porque los trámites para que los certifiquen son “lentos”.
El dirigente denunció que el Centro Especial de Toxicología (CET) –organismo creado para atender a los afectados por el consumo de dietilene glycol– demora en la aplicación y entrega de los exámenes que exigen las autoridades para certificar a las víctimas.
Mientras, el director de la CSS, Guillermo Sáez-Llorens, indicó que el CET está cumpliendo con la atención de los pacientes.
Agregó que en la medida que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses los reconozca como positivos, les tramitarán la pensión.
La Ley No. 20 del 26 de marzo de 2013 establece que los afectados por el consumo de fármacos envenenados de la CSS deben cumplir con dos de los cinco criterios para tener derecho al beneficio.
Según las autoridades, el requisito más importante es la relación de los afectados con las medicinas, así como los daños que sufrió el organismo del perjudicado.