Expertos internacionales que investigan la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, México, pidieron ayer al país, dos días antes de concluir su mandato, que separe del caso al jefe investigador de la fiscalía, al que acusaron de “manipular” y “tergiversar” la realidad en un video no incluido en el expediente y que registra momentos clave para sostener la versión oficial de los hechos.
Para el grupo es muy preocupante que el jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, ocultara hasta ahora un video que constata que no se cumplieron los protocolos “mínimos” en una escena del crimen, y a la que se trasladó, sin dejar ninguna constancia legal, a un detenido con “indicios serios de tortura” presuntamente cometidos en instalaciones de la fiscalía.
Los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunciaron el pasado domingo, durante la presentación de su informe final sobre los hechos acaecidos desde la desaparición forzada de los jóvenes la noche del 26 de septiembre de 2014, que Zerón cometió irregularidades durante la recolección de evidencias en el río donde se habrían hallado los restos óseos que después de estudios de ADN dieron positivo a uno de los alumnos, Alexander Mora, la única identificación de todo el caso.
Según la versión oficial de los hechos, esos restos calcinados es todo lo que quedó de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa una vez que fueron incinerados en el basurero de Cocula.
Zerón dijo el pasado miércoles que toda su actuación “fue legal”, pero para el grupo sus explicaciones, avaladas por un video que no conocían, “agravaron el problema”.
Dos equipos internacionales distintos, el de la CIDH y el de los peritos argentinos, dijeron que no hay evidencias científicas que confirmen la tesis oficial del basurero avalada fundamentalmente por las confesiones de los presuntos autores materiales que alegaron haber sido torturados.
Un día antes, la experta Ángela Buitrago, una exfiscal colombiana, dijo: “Tenemos la tristeza de irnos sin poder decir dónde están los desaparecidos”. “Es muy importante que se garantice a las víctimas su derecho a saber la verdad. Que se les proteja en todo instante por el Estado y que igualmente se preocupe el Estado por visibilizar a las víctimas”.
Por petición de los padres, el Gobierno invitó a los expertos a que ayudaran en las investigaciones en marzo de 2015.