A tres días de que el Senado español apruebe la intervención del autogobierno de Cataluña para atajar una posible secesión, Madrid y Barcelona mantenían ayer martes un tira y afloja ante una posible comparecencia del presidente regional catalán en la Cámara Alta.
A pedido del gobierno conservador de Mariano Rajoy, el Senado debe dar luz verde el viernes a unas medidas sin precedentes en 40 años de democracia, decididas al amparo del artículo 155 de la Constitución española. Una de ellas es la destitución en bloque del ejecutivo regional, dirigido por el independentista Carles Puigdemont.
También se ha solicitado poner bajo tutela la actividad del Parlamento catalán, dominado por los secesionistas, y la toma de control de la Policía catalana y los medios públicos de comunicación.
Antes de la aplicación de estas inauditas medidas, el portavoz del gobierno catalán, Jordi Turull, dijo ayer martes que Puigdemont quiere expresarse en el Senado, aunque no garantizó que vaya a hacerlo.
“La voluntad es ir a poderse explicar, contestar esta acción del Estado español pero (...) no les puedo asegurar si materialmente va a ser posible o no”, dijo Turull.
El Senado, donde el Partido Popular de Rajoy tiene mayoría, ha ofrecido a Puigdemont hablar o bien el jueves ante una comisión o bien el viernes ante el pleno de la cámara, en Madrid.
En ambos casos, le daría la réplica un miembro del Gobierno.
En el pleno, concretamente, “es muy posible que venga el presidente del Gobierno”, apuntó el vicepresidente del Senado, Pedro Sanz.
El problema es que el horario programado coincide con un pleno en el Parlamento catalán, en Barcelona, al que también tiene que asistir el presidente regional.
Dicho pleno, convocado por la presidenta del Parlamento el jueves en horas de la mañana, tiene como objetivo responder a la aplicación del artículo 155.
Los independentistas no han dejado de amenazar con dar cumplimiento al “mandato”, emanado del referendo de autodeterminación ilegal del 1 de octubre.
La consulta no tuvo garantías -entre otras cosas no se aseguró el voto secreto ni hubo autoridad electoral independiente- pero el gobierno regional asegura que hubo un 90% de síes a la secesión, con una participación del 43%.
Más allá de ese posible debate en la Cámara Alta, las dos partes se mantienen firmes. Turull anunció ayer martes una salva de recursos, empezando por uno ante el Tribunal Constitucional, alegando que el gobierno central se sobrepasa con las medidas que va a someter al Senado.
Igualmente, el gobierno catalán solicitará al Tribunal Supremo la suspensión cautelar y por la vía urgente de la aplicación del artículo 155.
Por su lado, el Gobierno español hizo saber que ya no es suficiente con la vía de salida que le ofreció la semana pasada a Puigdemont: convocar elecciones regionales anticipadas para evitar la suspensión del autogobierno catalán.
“En este momento el incumplimiento de las obligaciones del señor Puigdemont no se soluciona simplemente convocando elecciones”, advirtió el ministro de Justicia Rafael Catalá.
Del lado secesionista, Puigdemont se enfrenta a la presión de los más recalcitrantes, que le piden que cumpla “el mandato” del 1 de octubre y ponga sobre la mesa una declaración unilateral de independencia.