El diputado panameñista José Antonio Domínguez anunció que solicitará a la Corte Suprema de Justicia que haga una interpretación del artículo 154 de la Constitución, a raíz de sus diferencias con la diputada perredista Zulay Rodríguez.
El artículo en mención señala que “los miembros de la Asamblea Nacional no son legalmente responsables por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de su cargo”. A juicio de Domínguez, su colega hace un uso errado de ese artículo en el pleno legislativo, señalando y acusando a quien le parezca sin presentar pruebas ante las autoridades.
Indicó que consultará “si es cierto que ese artículo nos permite decir lo que nos da la gana a quien nos dé la gana sin tener pruebas (…) o es que se nos dio la potestad de denunciar actos que para nosotros son indebidos o ilegales (...)”.
Ayer, por segundo día consecutivo, el pleno de la Asamblea Nacional se convirtió en una especie de tinglado de boxeo, pero con cruces de palabras entre ambos diputados del circuito 8-6 (San Miguelito). Los dos tuvieron un poco más de media hora del periodo de incidencias para desahogarse frente a un público que aupaba en las gradas y ante la presencia de 46 de los 71 miembros del pleno legislativo .
Rodríguez respondió a Domínguez que ella no es “chantajista” ni “extorsionadora”, como lo aseguró Domínguez el lunes y que todo lo que señala en el pleno lo sustenta con pruebas. Aseguró que Domínguez tiene a sus familiares trabajando en la Autoridad del Canal de Panamá. Mencionó a Antonio Domínguez, fiscalizador general de la ACP, a una hermana del diputado, a un cuñado y a una prima.
Domínguez replicó: “Una vez más vemos cómo una sinvergüenza saca mentiras para atacar”, y acto seguido reconoció que sus parientes sí trabajan o trabajaron en la ACP, pero que accedieron a los cargos por concurso o escogidos por la junta directiva. Incluso, dijo que su hermana está jubilada.
Aseguró que Álvaro Testa, esposo de la diputada, es práctico del Canal, donde devenga -según él- medio millón de dólares anuales.