El proyecto de ley general de pensiones alimenticias fue aprobado, en primer debate, con la inclusión de al menos ocho acciones que podrán aplicar las autoridades contra las personas que adeuden pago de manutención a sus hijos (ver cuadro).
La propuesta, que fue presentada el 29 de octubre de 2009 por el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Harley Mitchell, ha tenido varios tropiezos en la Asamblea Nacional.
El 20 de octubre pasado, el proyecto fue aprobado unánimemente en primer debate por la Comisión de Asuntos de la Mujer, que preside la diputada de Cambio Democrático (CD) Marylín Vallarino.
Esta aprobación se dio luego de que en agosto pasado el pleno legislativo decidió que se devolviera a primer debate para ampliar las consultas.
Esta decisión del pleno fue gestionada por el diputado de CD Noriel Salerno, lo que originó un enfrentamiento verbal con su diputada y colega Vallarino.
El proyecto, que será discutido con urgencia notoria en segundo debate en las sesiones de enero de 2012, tiene nuevos artículos.
Pensión prenatal
El proyecto incluye el pago de la pensión prenatal (gastos de las necesidades indispensables) desde el momento del embarazo de la mujer, y en caso de que sea una menor de edad, el hombre deberá también cargar con el pago de una pensión de manutención a la joven.
La diputada Vallarino defiende este artículo frente a los diputados, los cuales señalan que sería una persecución contra los hombres.
Explicó que este tipo de pensiones prenatales están establecidas en el Código de la Familia y el Menor. Precisó que en caso de que la mujer atribuya una paternidad falsa a un hombre, sería procesada penalmente por falso testimonio, delito tipificado en el Código Penal.
La diputada explicó que en el caso de la responsabilidad de los abuelos se hicieron algunos cambios en este primer debate.
Agregó que los abuelos quedarán como responsables de la pensión alimenticias de sus nietos cuando el padre o la madre hayan fallecido, tengan paradero desconocido, padezcan de alguna enfermedad grave, discapacidad severa o estén presos.
Nueva polémica
La propuesta de un ar-tículo nuevo para incluir que todos los aspirantes a cargos de elección popular presenten ante el Tribunal Electoral una certificación de un juez de familia de que cumplen el pago de las pensiones alimenticias, ha generado una nueva polémica en el proyecto.
El artículo que es promovido por la diputada Vallarino ya encontró el rechazo de Cipriano Adames, miembro de la Comisión de Asuntos de la Mujer y del opositor Partido Revolucionario Democrático. Según Adames, este artículo contraviene la Constitución que por ningún lado establece este requisito para aspirar a un cargo de elección popular.
El debate
De acuerdo con la magistrada de Niñez y Adolescencia, Judith Cossu, el proyecto va dirigido a la protección del interés superior del niño y la efectividad en materia alimentaria en Panamá. Indicó que el proyecto se nutre de aspectos que hay en las leyes panameñas y de otros países en los que ha sido efectiva la aplicación de este tipo de medidas.
