La Policía de Nicaragua ocupó los locales del diario opositor Confidencial y de organizaciones cívicas y de derechos humanos a las que se les retiró su registro legal, denunciaron los afectados.
Nueve policías llegaron armados con fusiles a ocupar las oficinas del diario digital Confidencial y los medios de televisión Esta Semana y Esta Noche, afirmó su propietario, el periodista Carlos Fernando Chamorro.
“Este es un hecho de facto, si tiene la orden le pido que la muestre”, dijo Chamorro desde la calle al agente que le bloqueaba la entrada a sus oficinas a él y otros periodistas que laboran en ese medio de comunicación.
“La Policía no mostró ninguna resolución (...) por tanto esto es un asalto armado a la propiedad privada, a la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libre empresa”, declaró posteriormente a la prensa.
Carlos Fernando Chamorro
Propietario y periodista.
La entrada principal de Confidencial se encuentra sellada con cintas, luego de que la madrugada del viernes la Policía allanó sus instalaciones e incautó equipos de trabajo y documentos.
Chamorro acudió a la sede de la Policía para reclamar la devolución de los equipos, señalando que Confidencial, Esta Semana y Esta Noche “son empresas privadas adscritas al registro mercantil, no tienen nada que ver con organismos que están siendo perseguidos”.
Chamorro y otros periodistas fueron violentamente desalojados por la Policía.
“Tenemos nuestra moral intacta, la ocupación no modifica un ápice los principios con la verdad y compromiso con un pueblo que ha sido perseguido”, afirmó.
También fueron ocupadas las oficinas del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y otras cuatro oenegés en Managua, a las que el parlamento les retiró su personería jurídica.
En total, son nueve las oenegés a las que se les canceló su registro legal.
El director de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrau, dijo en su cuenta de Twitter que “se acelera la cuarta fase de la represión en #Nicaragua: la consolidación de un Estado de excepción con decretos policiales o actos legislativos que intentan mantener ‘apariencia de legalidad”.
La toma de las instalaciones de Confidencial y las oenegés se produjo después de que el Ministerio de Gobernación emitió una resolución por las que los bienes incautados a esos organismos pasarán al Estado con el fin de “crear un fondo de atención y reparación integral para las víctimas de terrorismo”.