Policías y militares desalojaron ayer a manifestantes que asaltaron por un breve lapso la sede del Congreso en Quito, Ecuador, como parte de las protestas por la eliminación del subsidio a los combustibles y el consecuente aumento en los precios de estos, según la televisora Ecuavisa.
Un centenar de indígenas y campesinos, entre ellos mujeres, rompió los cercos de seguridad en medio de disturbios en los exteriores y llegó hasta el hemiciclo, del que fue desalojado minutos después.
Los manifestantes entraron apresurados a la sala de sesiones y ocuparon el estrado, desde donde grabaron imágenes con sus celulares.
Tras retomar el control fuera del Legislativo, la fuerza pública los obligó a desalojar la sede del Congreso, de acuerdo con la televisora.
“El movimiento indígena junto a trabajadores, estudiantes y ciudadanía logró sitiar y tomar instalaciones de @AsambleaEcuador”, expresó por Twitter la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie).
“Nos tomamos la Asamblea de manera pacífica”, dijo un hombre en un video divulgado por el grupo.
Nuevos enfrentamientos se desataron entre manifestantes y la fuerza pública en las afueras de la sitiada sede del Legislativo. Los diputados, que suspendieron sus actividades ayer, no estaban en el edificio, según informó una portavoz del órgano.
Los manifestantes, entre ellos jóvenes que portaban escudos de madera con la leyenda “guardia indígena”, forcejearon para romper el último cordón de seguridad con el objetivo de ingresar a la Asamblea, blanco el pasado lunes de un fallido intento de ocupación a la fuerza.
“Tenemos que luchar por los hijos, por la comida de nuestros hijos. Somos pobres”, dijo una indígena que protestaba. “Vamos a sacar a todos políticos de la Asamblea”, amenazó.
Con el uso de bombas lacrimógenas, policías y militares terminaron dispersando a cientos de manifestantes que también alcanzaron los exteriores del edificio.
En tanto, el presidente Lenín Moreno recibió el apoyo de la Secretaría de la OEA y de Brasil, Argentina, Colombia, El Salvador, Guatemala, Perú y Paraguay, que rechazaron “toda acción” de desestabilización por parte del régimen del venezolano Nicolás Maduro.
Las protestas impulsaron a Moreno a decretar el estado de excepción por 60 días –lo que faculta al Ejecutivo a limitar algunos derechos de los ciudadanos e imponer censura previa a los medios– y obligaron al gobierno a trasladarse de Quito a Guayaquil.