Las estadísticas de la Policía Nacional son contundentes: 2 mil 397 miembros de esa institución han sido investigados por la Junta Disciplinaria Superior y las juntas disciplinarias locales entre el 1 de enero de este año y el 30 de noviembre pasado. Las mencionadas juntas se encargan de verificar la conducta de los uniformados en el cumplimiento de su deber.
La Junta Disciplinaria Superior, que se encarga de tramitar y juzgar los casos más graves, había tramitado 300 casos entre el 1 de enero al 30 de noviembre de 2016. En 104 se recomendó la destitución, en 134 hubo sanción y 62 fueron absueltos.
Por su parte, las 42 juntas disciplinarias locales le dieron curso a 2 mil 97 expedientes, con el siguiente resultado: mil 378 efectivos fueron sancionados y 719 absueltos.
LA DRP
El comisionado Wellington Zambrano explicó que la Dirección de Responsabilidad Profesional de la Policía (DRP) puede iniciar la investigación de oficio o a través de una denuncia. En ese momento, se activa una investigación mediante la cual se recogen pruebas y evidencias sobre la actuación del policía en determinada situación.
Una vez concluye la investigación, la DRP determina si envía el caso a la Junta Disciplinaria Superior, en caso que se trate de un caso grave, o a las juntas disciplinarias locales que revisan los casos menores.
Zambrano detalló que la mayoría de los procesos son tramitados por las juntas disciplinarias locales, porque se trata de denuncias presentadas por particulares por algún tipo de incidente con algún policía. En la mayoría de los casos, dijo el funcionario, se trata de denuncias relacionadas con el procedimiento policial al momento de enfrentar una situación en las calles, o por faltas administrativas, como no reportar una ausencia y el mal uso del uniforme.
No obstante, destacó que si estas faltas son reiteradas pueden ocasionar el despido del policía.
Un tribunal
Zambrano explicó que la Junta Disciplinaria Superior opera igual que un tribunal en el sistema penal acusatorio.
Aquí el policía puede defenderse, la decisión se toma de forma colegiada, y se falla casi de forma inmediata.
Dio a conocer que esta junta está conformada por tres comisionados, que por lo general son funcionarios con muchos años de servicio en la entidad y con una conducta ejemplar. Al momento de la sentencia, los miembros de esta junta tienen que llegar a un consenso.
En el caso de las juntas disciplinarias locales, el policía puede apelar ante la Junta Disciplinaria Superior y en última instancia ante el director general de la Policía.
Mientras que si se desea la reconsideración de una decisión tomada por la Junta Disciplinaria Superior, el caso debe ser tratado ante el ministro de Seguridad Pública.
La Junta Disciplinaria Superior también puede imponer penas que van desde 30 días hasta 60 días de arresto. Durante la investigación, el policía queda a órdenes de la Dirección de Recursos Humanos y usualmente es enviado de vacaciones para que en ese tiempo pueda defenderse.
Zambrano detalló que cuando a un efectivo se le vincula con la comisión de una hecho delictivo por alguna autoridad, de forma inmediata la DRP inicia una investigación interna para determinar si esta actuación implica una falta grave al reglamento.
Hechos relevantes
En agosto pasado cinco policías fueron detenidos por su presunta vinculación a redes del narcotráfico y a pandillas locales. Se trató de un subcomisionado, un subteniente y un capitán, a los que se les ligó con traficantes de droga que operan en Río Abajo. En ese mismo mes, un capitán y un teniente de la Policía fueron implicados en una red que operaba dentro del Sistema Penitenciario, que ofrecía rebajas de penas a cambio de dinero. Y el 31 de agosto de este año, en Colón, también se detuvo a un subteniente del Servicio Nacional Aeronaval supuestamente implicado en una red dedicada al tráfico de drogas.
Mientras que el pasado 2 de septiembre se detuvo al comisionado Gregorio Alvarado por su presunta vinculación a un grupo de delincuentes. Durante el pasado mes de octubre, se detuvo al mayor Alex Iván Cedeño en medio de una investigación por supuestas irregularidades en el decomiso de 500 kilos de cocaína en Coclé. Por su parte, el 14 de noviembre de este año el Ministerio Público ordenó el arresto de un capitán, un subteniente y un cabo por la muerte del joven José Rodríguez, registrado en Boca La Caja.
Violencia doméstica
Zambrano reconoció que los casos de violencia doméstica constituyen uno de los problemas que enfrenta la institución y que provoca que algunos efectivos deban someterse a tratamiento sicológico. Explicó que en 2015 se registraron 175 casos de policías acusados por estos hechos, y en lo que va del año se han contabilizado 165.
Cuando un policía es procesado por este tipo de irregularidades, según Zambrano, se le impide brindar seguridad en la empresa privada, actividad que le genera un ingreso extra.
También se procura que el oficial o agente implicado regrese a su hogar una vez ha finalizado su turno, e incluso se le impide el porte de armas. De acuerdo con Zambrano, estas medidas las debe tomar el jefe de Zona, quien debe realizar un análisis de la conducta del policía y recomendar el envío del caso a la Dirección de Bienestar Familiar y Policial.