palabra clave
Los políticos españoles Gustavo de Arístegui y Pedro Gómez de la Serna, el primero exembajador de España en India (2012-2015) y el segundo dado de baja por el ibérico Partido Popular, son investigados en su país por el presunto cobro de coimas para que empresas ganaran contratos de proyectos millonarios en Panamá. Una de esas obras es la ampliación del hospital Rafael Hernández de Chiriquí.
Dos políticos españoles son investigados por las autoridades de ese país, debido al posible cobro de comisiones millonarias para que empresas de España se hicieran con contratos para la construcción de importantes proyectos en Panamá.
Según una publicación del diario El Mundo, se trata del caso de Gustavo de Arístegui, exembajador de España en India (2012-2015), y de Pedro Gómez de la Serna, dado de baja por el Partido Popular y que, por ello, ahora integra el Grupo Mixto en el Congreso.
En Panamá–según El Mundo– el exembajador de Arístegui y el aún diputado Gómez de la Serna llegaron a pactar negocios valorados, en conjunto, en hasta 3 millones de euros (3.2 millones de dólares).
No obstante, hasta ahora, en el curso actual de la investigación, se desconoce cuánto dinero pudieron llegar a cobrar por mediar a favor de dos empresas españolas –Elecnor y Contratas Iglesias– para la obtención por parte de estas de varios contratos para la construcción de hospitales en el país.
Uno de los centros médicos que se mencionan en las investigaciones es el hospital Rafael Hernández, situado en la provincia de Chiriquí, a cargo de la empresa Elecnor.
En este centro de atención hospitalaria de la Caja de Seguro Social (CSS) se realizan obras por 113 millones de dólares. La orden de proceder de este proyecto fue entregada en marzo de 2013 y debía estar listo en julio de 2015, pero hasta el momento no ha sido terminado.
LAS SOSPECHAS
En su momento, gremios médicos y de pacientes denunciaron “sobreprecios” en este proyecto, que no fueron tomados en cuenta por las pasadas autoridades.
Julio Osorio, dirigente de la Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal), subrayó que tenían “sospechas” de lo que estaba ocurriendo con esa obra y lo mencionaron varias veces.
“No estamos de acuerdo con lo que ocurrió en el Rafael Hernández, ya que por esa razón se encarece el costo de la atención. Esos son los problemas de cuando hay malos manejos de la cosa pública. Esas coimas producen sobrecostos y a las instituciones no les alcanza para cubrir la atención”, opinó.
Osorio lamentó que la ampliación del hospital aún no haya concluido y que ahora las autoridades pretendan incluir una adenda al contrato para construir otra torre. “Eso también parece sospechoso en medio de todo este escándalo”, acotó
A la vez, solicitó a la Contraloría General de la República realizar una auditoría a esta construcción para determinar cuánto fue el sobrecosto y beneficio otorgado a políticos españoles.
De hecho, grupos como el Comité de Protección al Paciente y Familiares, que dirige Roger Barés, también han pedido que se evalúe el contrato, ya que la obra debió concluir en 2015.
A mediados de 2015, el contralor Federico Humbert llevó a cabo una inspección en la estructura.
Datos de la CSS precisan que el hospital Rafael Hernández cubre una población de 674 mil 888 personas, de las cuales 468 mil 959 (69.48%) no son aseguradas. Esta población está distribuida entre las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro, y en la comarca Ngäbe Buglé. Fue construido hace más de 30 años.
El proyecto de ampliación y restauración del hospital contempla la instalación de 330 camas adicionales a las 290 que tiene actualmente. En las nuevas instalaciones habrá dos camas por cuarto, con baños incorporados.
Asimismo, consta de dos torres contiguas al hospital Rafael Hernández, una médico–quirúrgica y otra para la consulta externa especializada.
Este diario pudo conocer que el proyecto tiene más de 50% de avance. Pese a que se solicitó más información a las autoridades de la CSS, al cierre de esta edición no brindaron una respuesta.
Más temprano, el director de esa entidad, Estivenson Girón, señaló que “desconocía” el tema de las supuestas comisiones que cobraron los políticos españoles.
Al ser consultado sobre el escándalo, el embajador de España en Panamá, Ramón Santos Martínez, prefirió no hacer comentarios, mientras que los representantes de Elecnor en el país tampoco lo hicieron.
La información de El Mundo detalla que el juez de la Audiencia Nacional de España, José de la Mata, investiga a de Arístegui y a de la Serna, así como a otras seis personas, por la presunta comisión de los delitos de corrupción en transacciones internacionales, cohecho, blanqueo y organización criminal.
PIDEN INVESTIGACIÓN
El exdirector de la CSS Rolando Villalaz recomendó al Ministerio Público actuar de oficio en este caso y solicitar información a su par de España. “No puede ser que en otras partes del mundo se descubra que hubo delitos en Panamá y aquí no se haga nada”, añadió.
También hizo un llamado a pacientes, médicos y autoridades de la CSS para que exijan que se investigue, ya que se trata del dinero de todos los asegurados.
“Hay una responsabilidad aquí, porque se habla de corrupción de funcionarios y se deben dar las explicaciones del caso”, concluyó.