Cuando la Asamblea Legislativa de El Salvador eligió al poco conocido Douglas Meléndez como fiscal general en 2016, la mayoría pensaba que era solo otro nombramiento en un país donde la corrupción usualmente queda impune.
Pero en menos de tres años, Meléndez ha encarcelado a un expresidente, ha investigado a otro y tiene en la mira a un tercero. También ha encarcelado a su antecesor, varios jueces y un importante empresario, entre otros.
Algunos en la clase política salvadoreña ya han visto suficiente.
El Congreso debe votar antes del 5 de enero si el fiscal de carrera de 52 años puede permanecer otro período de tres años. Pese al apoyo internacional, Meléndez tiene poderosos detractores en el partido gobernante de izquierda.
Los legisladores podrían votar si confirman o no a Meléndez esta semana.
Incluso, si sobrevive a la votación, es probable que continúen las reacciones en su contra. Meléndez ha denunciado amenazas de muerte.
Y el candidato que aventaja en los sondeos para las elecciones presidenciales de febrero ha mencionado la posibilidad de una pena de cárcel para el fiscal.
El Gobierno de Estados Unidos ha pagado autos blindados para que el equipo de Meléndez y ahora su familia viaje con guardaespaldas.
“No tenemos muchos aliados”, manifestó Meléndez en una entrevista, en sus oficinas en una lujosa zona en las afueras de San Salvador.