La procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, recomendó al pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarar inconstitucional el decreto No. 441-2016-DMySC del 25 de octubre de 2016, expedido por la Contraloría General de la República, que establece los requisitos y mecanismos de control a la Asamblea Nacional para la entrega de apoyos, donativos o subsidios a personas naturales y organizaciones sin fines de lucro.
A través de la vista No. 26 del 2 de diciembre de 2016, Porcell emitió opinión luego de que la CSJ se la solicitó tras el análisis de la demanda de inconstitucionalidad presentada por el abogado Ernesto Cedeño, el pasado 15 de noviembre, contra el citado decreto.
Porcell señala que la Asamblea Nacional “no es un entidad dedicada a la entrega de subsidios o ayudas, sino más bien hacia la labor legislativa (expedir leyes), judicial (cuando corresponda juzgar al presidente de la República o los Magistrados de la Corte)”.
A la vez, destaca que a los miembros de la Asamblea Nacional les está vedado inmiscuirse por medio de resoluciones en asuntos que no son de la privativa competencia de los otros órganos del Estado.
En su demanda, el abogado alega que con este decreto todos los diputados tienen la posibilidad de apoyar a las personas “como antes se hacía con las llamadas partidas”. “Se le lleva el pedido al presidente de la Asamblea y si él da el visto bueno, se le puede dar el subsidio o donativo hasta un tope, pero este tope se puede repetir hasta tres veces en un periodo fiscal en un año”, indicó el demandante Cedeño.
Además, sustenta que la Contraloría, en vez de “impedir” que los diputado practiquen el “clientelismo”, lo que hace es legalizar “un procedimiento populista, carente de asidero constitucional”.
En su opinión, la procuradora sostiene que lo que alega el demandante “resulta certero”, porque la aprobación de estos requisitos para que la Asamblea entregue donativos y subsidios “no tiene asidero jurídico en la normativa legal”.
Destaca que existen entidades que fueron creadas especialmente para la entrega de subsidios y donativos como, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social, la Lotería Nacional de Beneficencia, Zona Libre de Colón, Alcaldía de Panamá, Fondo de Inversión Social, Ministerio de Salud, Despacho de la Primera Dama, entre otros.
En este sentido, Annette Planells, del Movimiento Independiente, alegó que la Constitución es clara en cuanto a que manejar donaciones, partidas o apoyos no está dentro de las funciones de los diputados.
Estimó que la Corte tiene una oportunidad con esta demanda de inconstitucionalidad para dar un salto “cuántico” en fortalecer nuestra institucionalidad y separar claramente las funciones de los órganos del Estado.