“Se van a elegir los jueces de paz y se van a seguir los procedimientos”, prometió ayer Karla Pinder, asesora del Ministerio de Gobierno, quien coordina la mesa técnica del Pacto de Estado por la Justicia que trabaja en la hoja de ruta a seguir para la implementación de la Ley 16 de 2016, que instituye la justicia comunitaria de paz.
La reacción de la funcionaria surgió tras conocer inquietudes de algunos dirigentes de la sociedad civil organizada respecto a que los jueces de paz sean escogidos de “a dedo” y no a través de concursos, como lo indica la norma.
Pinder explicó que los actuales corregidores pueden ser electos siempre y cuando participen en el concurso.
Agregó que el primer paso para la implementación de la norma, que entra a regir el próximo mes de junio, fue la creación de 11 submesas para avanzar en los procesos técnicos. Estas submesas analizarán temas, como el financiamiento, las capacitaciones y la logística. También desarrollarán una campaña de sensibilización sobre el tema.
La justicia comunitaria de paz empezará a aplicarse de forma escalonada, comenzando en el Primer Distrito Judicial: Panamá, Panamá Oeste, Colón, Darién y las comarcas indígenas Guna Yala, Wargandí y Emberá Wounaan.
En el resto del país se aplicará a partir de junio de 2019, según lo establecido en la propia ley.
Este nuevo modelo de administración de justicia reemplazará la figura de las corregidurías y corregidores por las casas de justicia comunitaria y jueces de paz, respectivamente.
La norma, sancionada por el Ejecutivo en junio de 2016, propone aplicar métodos de solución de conflictos para que se promueva la solución efectiva de las controversias comunitarias.
Pinder consideró que se trata de un procedimiento con mucha “complejidad”, ya que, precisamente, arranca en el Primer Distrito Judicial, donde habrá 188 jueces de paz que deben ser electos en concursos.