El presidente independentista de Cataluña, Carles Puigdemont, prometió de nuevo ayer no acatar órdenes de la justicia española, a pocos días de la convocatoria de un referéndum de autodeterminación prohibido por el Tribunal Constitucional.
En una entrevista publicada por el diario La Vanguardia, Puigdemont aseguró que permanecerá en el cargo si la justicia ordena su suspensión por haber intentado organizar la consulta sobre esta pregunta: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?”.
“No podré aceptar de ninguna manera una suspensión de mis atribuciones. Las circunstancias en las que uno deja de ser presidente de la Generalitat [Gobierno catalán] las regula el Estatut [de Cataluña], así que nos deberíamos plantar [oponernos] ante una suspensión de este tipo”, manifestó Puigdemont.
Sus declaraciones se produjeron pocos días antes de la convocatoria del referéndum, que se hará mediante un decreto del ejecutivo regional, tras la aprobación de una ley en el Parlamento catalán, donde los independentistas tienen mayoría. Así se lanzará la cuenta atrás para la consulta del domingo 1 de octubre.
La ley podría ser adoptada el próximo miércoles, según la prensa. Su adopción también pondrá en marcha todo el arsenal jurídico que el gobierno central del conservador Mariano Rajoy, firmemente opuesto al referéndum, tiene preparado para impedir la consulta.
El 9 de noviembre de 2014, el Ejecutivo catalán organizó una consulta no vinculante —también prohibida por la justicia— en la que participaron 2.3 millones de personas, dando una amplia victoria al “sí”.
El gobierno de Mariano Rajoy prepara sus armas. Entre sus opciones está la suspensión del presidente regional y de otros altos dirigentes.
El Gobierno central prometió emprender acciones legales contra todos los que participen en la consulta, incluso las empresas que proporcionen la logística para la celebración de esta.