Orlando Quintero, director de la Fundación Pro Bienestar y Dignidad de las Personas Afectadas por el VIH/sida (Probidsida), solicitó al presidente Juan Carlos Varela vetar parcialmente –para que se modifique– el proyecto de ley No. 518, inherente a las políticas de atención de las personas que viven con VIH/sida.
En una carta fechada el 8 de este mes, Quintero sugirió a Varela que se hagan correcciones en los artículos 7 y 8 de la propuesta, en los cuales se propone la obligatoriedad de hacer las pruebas a las mujeres embarazadas –a quienes el médico tratante pediría el examen a discreción–, y para las parejas que vayan a contraer matrimonio civil.
En este último caso, los contrayentes deben presentar un certificado de salud.
En su lugar, Quintero propuso que el médico efectúe la prueba cuando esté comprometida la vida del paciente, a quien se debe informar y orientar al respecto.
Así mismo, recomendó que en en los juzgados civiles se promueva la prueba voluntaria entre quienes vayan a contraer matrimonio.
El director de Probidsida detalló que el 80% de los casos que se diagnostican en el país ya están en etapa sida, cuando lo que se quiere es que los pacientes puedan ser atendidos a tiempo.
“Esta nueva ley es una herramienta excelente y necesaria, y es por ello que pedimos que sea vetada parcialmente, para que se modifiquen estos dos artículos y se puedan implementar lo más pronto posible”, concluyó.
Esta petición surge después de que la primera dama, Lorena Castillo de Varela, indicara a través de una nota de prensa que, tal como está, en la propuesta “se viola en algunos artículos los principios de confidencialidad, voluntariedad de la prueba del VIH, dignidad humana e igualdad ante la ley”.
Con los planteamientos de la primera dama coinciden miembros de la Sociedad Civil Unificada en VIH de Panamá –conformada por 12 organizaciones locales–, quienes señalan que en el documento se introdujeron aspectos que nunca fueron discutidos ni consensuados.
Ricardo Beteta, de la Asociación de Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá, señaló que fueron más de tres años en los que se ha venido discutiendo este tema, para que por “algunos intereses particulares” se desvirtuara parte del documento.
Además, subrayó que la propuesta debe responder a la “dignidad” y los “derechos” de las personas, y no promover acciones como el estigma y la discriminación hacia esta población.