“Le hemos ahorrado al Estado 104.6 millones de dólares”, informó ayer el procurador de la Administración, Rigoberto González, durante la sustentación de su informe de gestión entre noviembre de 2015 y octubre de 2016 ante la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional.
González, que tiene como función principal defender los intereses del Estado y de los municipios del país, detalló que los $104. 6 millones obedecen a las apelaciones emitidas por la Procuraduría ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia respecto a demandas contra el Estado y de sentencias absolutorias que ha dictado la Corte, tras acoger las opiniones de su despacho.
En ese sentido, precisó que la Corte acogió entre 96% y 98% de las opiniones que elevó la Procuraduría para fallar sobre expedientes relacionados con denuncias contra el Estado.
Indicó que durante el periodo señalado, la Procuraduría también emitió mil 504 vistas en distintas actuaciones.
González explicó que cuando llegó al cargo ya estaban en proceso 346 demandas contra el Estado por más de $100 millones.
De ese total, señaló que en 265 demandas –por $89.7 millones aproximadamente– el fallo fue favorable para el Estado, mientras que en 81 casos –que sumaban $2.1 millones aproximadamente– hubo condenas contra el Estado.
El procurador se quejó de que solo cuenta con un equipo de 10 abogados para defender al Estado y que no son bien remunerados.
Indicó que, en cambio, la Sala Tercera de la Corte, en la que tienen que llevar sus apelaciones, cuenta con 59 abogados.
En ese sentido, denunció que se incumple con aspectos laborales del Código Judicial y de la Ley 38 de 2000, orgánica de la Procuraduría de la Administración, que señala que los abogados de esta dependencia deben ganar el mismo salario que los de la Corte.
ANTAI RINDE INFORME
La directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), Angélica Maytín, también rindió ayer su informe de gestión correspondiente a 2016.
Precisó que la Antai admitió 215 investigaciones sobre posibles faltas, 120 de estas por nepotismo; y que evaluaron a 111 instituciones sobre el cumplimiento con la Ley de Transparencia en sus sitios webs.
Precisó que unas 36 entidades cumplieron con el 100% de la norma; otras 36 lograron cumplir entre 71% y 96% de la ley; y el resto cumplió entre 33% y 67% de la Ley 6 de 2002 sobre transparencia y acceso a la información.
Anunció que, de ahora en adelante, la Antai empezó una revisión mensual de las páginas webs de las diferentes instituciones.
Por otra parte, informó que hubo 108 quejas contra funcionarios por negarse a dar información a los ciudadanos.