El procurador de la Administración, Rigoberto González, emitió un informe, el pasado 16 de agosto, en el que recomendó a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia que declare ilegal la Resolución DM-0392-2016, del 5 de julio de 2016, mediante la cual el Ministerio de Ambiente redefinió los linderos del Parque Nacional Camino de Cruces.
González señala en su escrito que el solo hecho de que no se haya convocado a consulta ciudadana “es motivo suficiente para que la Sala Tercera declare la ilegalidad de la resolución”.
Con esa resolución del Ministerio de Ambiente, la reserva natural perdió 185 hectáreas de áreas boscosas de Clayton y otras colindantes con la cuenca del Canal.
De acuerdo con la norma, vigente desde su publicación en Gaceta Oficial el 19 de julio de 2016, las zonas extraídas serán destinadas para uso “deportivo, cultural y de interés social”.
La acción del procurador fue aplaudida por los miembros de la Asociación de Propietarios y Residentes de Clayton, así como por defensores del ambiente.
María Chávez, vocera de los residentes de Clayton, comentó que las resoluciones se han convertido en un mecanismo que utilizan algunas autoridades de turno para “violar” las leyes.
Mientras que el explorador Luis Puleio indicó que las áreas revertidas se han transformado en una “caja menuda” de los gobiernos de turno, aprovechando la oportunidad para vender los bosques a los inversionistas, desconociendo las normas de protección ambiental.
Se consultó al Ministerio de Ambiente sobre el tema, pero al cierre de la edición no hubo respuesta.
EXIGEN PROTECCIÓN DE RESERVA
Las constantes amenazas a las que se ha visto expuesto recientemente el Parque Nacional Camino de Cruces tienen en estado de alerta a los residentes de la zona, así como a los defensores de los bosques y el patrimonio natural, quienes reclaman resguardar esta reserva.
Una de las últimas luchas de los defensores de esta zona boscosa comenzó elpasado 24 de marzo, cuando la Asociación de Propietarios y Residentes de Clayton (Aprecla) decidió presentar una demanda contencioso administrativa de nulidad contra una resolución del Ministerio de Ambiente que redujo los límites del parque.
Se trata de la Resolución DM-0392-2016, del 5 de julio de 2016, mediante la cual se redujeron 185 hectáreas de terreno de esa reserva natural, que hasta entonces cubría 4 mil 876 hectáreas.
La demanda fue admitida por la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, que solicitó al procurador de la Administración, Rigoberto González, su opinión sobre lo actuado por el Ministerio de Ambiente.
Al respecto, González opinó que el solo hecho de que no se haya convocado a consulta ciudadana “es motivo suficiente para que la Sala Tercera declare la ilegalidad de la resolución”.
Además, puntualizó que mediante lo actuado por el Ministerio de Ambiente se violan varias leyes y decretos ejecutivos, a través de los cuales se impulsa la protección y conservación de los parques nacionales, así como de la flora y fauna.
Ante la posición de González, los defensores de los espacios naturales han mostrado su inquietud frente a la “desprotección” del Parque Nacional Camino de Cruces.
Rolando Candanedo, abogado que presentó la demanda de nulidad, indicó que, a pesar de que solicitaron la suspensión temporal de la resolución hasta que se resolviera el fondo de la demanda, nunca se resolvió esa petición.
María Chávez, vocera de los residentes de Clayton, comentó que, al no resolverse la petición de suspensión de la resolución, se “podría dar paso a que se vendan lotes dentro del parque”.
Desde su punto de vista, las resoluciones se han convertido en un mecanismo que utilizan algunas autoridades de turno para “violar” las leyes de la República.
En tanto, el conservacionista Luis Puleio indicó que las áreas revertidas se han convertido en una “caja menuda de los gobiernos de turno”, desconociendo las normas de protección ambiental y auspiciando que se le puedan causar daños irreversibles a este patrimonio natural.
En tanto, Susana Serracín, de la Alianza por la Conservación y el Desarrollo, indicó que los procesos de consulta ciudadana no pueden obviarse, pues le dan transparencia a los procesos.
Agregó que estos bosques no solo brindan servicios ambientales, sino que tienen un gran valor ecológico.
Este medio buscó la reacción del Ministerio de Ambiente, pero al cierre de la edición no hubo respuesta.